lunes, 4 de octubre de 2010
domingo, 3 de octubre de 2010
sábado, 2 de octubre de 2010
viernes, 3 de septiembre de 2010
miércoles, 7 de julio de 2010
¿Podemos fiarnos de las predicciones económicas?
En Cincodias.com [07/07/2010]
Las previsiones del Gobierno para el PIB español de los últimos tres años son las más alejadas de la realidad, según la Diana ESADE, un instrumento que indica cuánto se aproximan o desvían las instituciones a la hora de predecir el PIB de la economía española.
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Las previsiones del Gobierno para el PIB español de los últimos tres años son las más alejadas de la realidad, según la Diana ESADE, un instrumento que indica cuánto se aproximan o desvían las instituciones a la hora de predecir el PIB de la economía española.
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martes, 6 de julio de 2010
Alemania: Merkel sube las cuotas a la Seguridad Social al fracasar la reforma de la sanidad
En expansion.com [06/07/2010]
El Gobierno alemán subirá las cuotas a la Seguridad Social desde el 14,9 % actual al 15,5% a partir de 2011 (el 7,3% lo pagarán los empresarios y el 8,2% los asegurados).
Además, las mutuas podrán incrementar por su cuenta y sin límite, las contribuciones de los pacientes para cuadrar sus presupuestos. Ésta es la llamada “reforma sanitaria” que han acordado los tres partidos de la coalición de Gobierno (CDU, CSU y FDP) tras meses de peleas y después de haber prometido al llegar al poder que no habría subidas de cuotas.
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El Gobierno alemán subirá las cuotas a la Seguridad Social desde el 14,9 % actual al 15,5% a partir de 2011 (el 7,3% lo pagarán los empresarios y el 8,2% los asegurados).
Además, las mutuas podrán incrementar por su cuenta y sin límite, las contribuciones de los pacientes para cuadrar sus presupuestos. Ésta es la llamada “reforma sanitaria” que han acordado los tres partidos de la coalición de Gobierno (CDU, CSU y FDP) tras meses de peleas y después de haber prometido al llegar al poder que no habría subidas de cuotas.
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Reino Unido: Bruselas aprueba el programa británico de saneamiento de las cuentas públicas
En Cincodias.com [06/07/2010]
La Comisión Europea (CE) dio hoy su visto bueno al programa británico de saneamiento de las cuentas públicas hasta el año 2015, incluidas las medidas adicionales de ajuste anunciadas por el Gobierno el 22 de junio pasado, tras la victoria electoral del conservador David Cameron.
El Gobierno de coalición entre conservadores y liberal-demócratas presentó el 22 de junio un duro ajuste que incluye recortes del gasto social y subidas de impuestos, con el que pretende reducir en el plazo de cinco años el abultado déficit del Estado, estimado en unos 155.000 millones de libras (176.000 millones de euros).
Las estimaciones británicas proyectan que el déficit público británico se situará en el 2,3% del PIB en 2014-15, fecha tope marcada por el Consejo para cumplir la disciplina fiscal.
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La Comisión Europea (CE) dio hoy su visto bueno al programa británico de saneamiento de las cuentas públicas hasta el año 2015, incluidas las medidas adicionales de ajuste anunciadas por el Gobierno el 22 de junio pasado, tras la victoria electoral del conservador David Cameron.
El Gobierno de coalición entre conservadores y liberal-demócratas presentó el 22 de junio un duro ajuste que incluye recortes del gasto social y subidas de impuestos, con el que pretende reducir en el plazo de cinco años el abultado déficit del Estado, estimado en unos 155.000 millones de libras (176.000 millones de euros).
Las estimaciones británicas proyectan que el déficit público británico se situará en el 2,3% del PIB en 2014-15, fecha tope marcada por el Consejo para cumplir la disciplina fiscal.
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Bulgaria: Bruselas abre un procedimiento por déficit excesivo contra Bulgaria
En Cincodias.com [06/07/2010]
La Comisión Europea decidió hoy abrir un procedimiento por déficit excesivo contra Bulgaria, que situó su déficit público en el 3,9% del PIB en 2009, por encima del tope de 3% que fijan las normas europeas de disciplina presupuestaria.
De este modo, el número de estados miembros inmersos en procedimientos de déficit excesivo se eleva a 25, entre los que se cuentan España, Grecia y Portugal, pero también Alemania, Francia, Holanda o Reino Unido, en un momento en el que la Unión Europea y especialmente la zona euro están en el centro de las miradas por la crisis de deuda iniciada en Grecia.
La deuda bruta del país cumple las normas, al situarse en el 14,8% del PIB en 2009.
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La Comisión Europea decidió hoy abrir un procedimiento por déficit excesivo contra Bulgaria, que situó su déficit público en el 3,9% del PIB en 2009, por encima del tope de 3% que fijan las normas europeas de disciplina presupuestaria.
De este modo, el número de estados miembros inmersos en procedimientos de déficit excesivo se eleva a 25, entre los que se cuentan España, Grecia y Portugal, pero también Alemania, Francia, Holanda o Reino Unido, en un momento en el que la Unión Europea y especialmente la zona euro están en el centro de las miradas por la crisis de deuda iniciada en Grecia.
La deuda bruta del país cumple las normas, al situarse en el 14,8% del PIB en 2009.
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Francia subraya que su ajuste presupuestario es más severo que el alemán
En Cincodias.com [06/07/2010]
El ministro francés del Presupuesto, François Baroin, anunció varias medidas suplementarias de recorte del gasto social y subrayó que el plan de ajuste de su Gobierno es más severo en términos de reducción presupuestaria que el alemán.
El programa francés prevé una reducción de "100.000 millones de euros en tres años, los alemanes de 80.000 millones en cuatro años", destacó el ministro en una entrevista que publica hoy Les Echos.
Añadió que en Francia se va a disminuir en 200.000 el número de funcionarios en seis años, mientras en Alemania van a ser 15.000 en ese mismo periodo.
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El ministro francés del Presupuesto, François Baroin, anunció varias medidas suplementarias de recorte del gasto social y subrayó que el plan de ajuste de su Gobierno es más severo en términos de reducción presupuestaria que el alemán.
El programa francés prevé una reducción de "100.000 millones de euros en tres años, los alemanes de 80.000 millones en cuatro años", destacó el ministro en una entrevista que publica hoy Les Echos.
Añadió que en Francia se va a disminuir en 200.000 el número de funcionarios en seis años, mientras en Alemania van a ser 15.000 en ese mismo periodo.
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España: Andalucía sube el IRPF a las rentas más altas y crea el céntimo sanitario
En Cincodias.com [06/07/2010]
El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto-ley por el que se incluyen tres nuevos tramos en la tarifa autonómica del IRPF para rentas superiores a 80.000 euros y se implanta el céntimo sanitario y un nuevo impuesto para las bolsas de plástico de un solo uso.
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El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto-ley por el que se incluyen tres nuevos tramos en la tarifa autonómica del IRPF para rentas superiores a 80.000 euros y se implanta el céntimo sanitario y un nuevo impuesto para las bolsas de plástico de un solo uso.
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lunes, 5 de julio de 2010
Nouriel ROUBINI: Evitemos el caos con una quita en Grecia
En elEconomista.es [05/07/2010]
Es hora de reconocer que Grecia no sólo sufre una crisis de liquidez -se enfrenta también a una crisis de insolvencia- y la respuesta política adecuada en estos momentos es la reestructuración ordenada de su deuda pública, y no el rescate de la UE/FMI, que sólo servirá para retrasar tal reestructuración y, además, plantea el riesgo de que se haga de forma desordenada.
En primer lugar, ¿por qué debemos describir a Grecia como un país insolvente? Supongamos que el Gobierno griego es capaz de aplicar el programa de austeridad fiscal. Éste requiere un ajuste draconiano del 10% del PIB, que empeorará aún más la recesión actual que sufre el país. Esto significaría para Grecia otros tres años más de recesión y estabilizaría su cociente deuda pública/PIB en nada menos que un 145% del PIB. Cualquier otro contratiempo provocaría una nueva dinámica de endeudamiento insostenible.
Para reducir el cociente deuda pública/PIB hasta un cien por cien, lo cual es ya de por sí muy preocupante, sería necesario un ajuste del 14% del PIB en sólo una década.
Si, como cabe esperar, la recesión se agrava y se produce una depreciación real a través de una deflación nominal continua, necesaria para restablecer la competitividad y el crecimiento, el cociente deuda pública/PIB se podría estabilizar en el 165% después de un ajuste fiscal draconiano y de una recesión y deflación todavía más draconianas. Por lo tanto, aún reconociendo las buenas intenciones de las autoridades, no estamos ante un plan que pueda servir.
Grecia, la nueva Argentina
Por otra parte, es conveniente comparar a la Grecia de hoy con la Argentina del periodo 1998-2001, que fue declarada insolvente. El déficit fiscal del país suramericano era al principio de la crisis del 3% del PIB, mientras que el de Grecia es actualmente del 13,6%.
La deuda pública argentina ascendía al 50% del PIB, mientras que Grecia ya ha alcanzado el 115 y cabe esperar que alcance el 145%.
El déficit de la balanza por cuenta corriente de Argentina era de un 2% del PIB; el de Grecia es del 10%. Si Argentina era insolvente, habría que considerar a Grecia como insolvente al cuadrado.
Quienes defienden que Grecia puede adoptar tales medidas de austeridad y conseguir la sostenibilidad de su deuda ponen como ejemplo el fuerte ajuste realizado en las últimas décadas en países como Bélgica, Irlanda y Suecia, o el ajuste fiscal recientemente realizado en Letonia.
Sin embargo, estas comparaciones tienen poco fundamento en lo que se refiere a Bélgica, Irlanda y Suecia, porque el ajuste fiscal se llevó a cabo durante más de una década y en un periodo de crecimiento, no de recesión prolongada.
En el caso del otro país que los economistas citan con frecuencia, Letonia, hay que recordar que no se produjo una devaluación, sino que la producción disminuyó en un 20% y, como consecuencia, el país se enfrenta ahora a una reacción política y social de gran envergadura.
Claves para una buena reestructuración
Otro argumento en contra de una reestructuración de la deuda de Grecia es que daría lugar a grandes pérdidas para las instituciones financieras europeas y podría causar otra catástrofe financiera al estilo de la de Lehman, pero hay que decir que este punto de vista tampoco tiene mucho fundamento.
Una reestructuración ordenada podría prevenir a tiempo un buen número de daños, mientras que aplazar la reestructuración, que es inevitable, daría lugar a un daño mucho mayor y a la necesidad de proceder luego a una reestructuración desordenada, tal y como ocurrió en Argentina.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que los planes oficiales de rescate del tipo propuesto por el FMI y la UE han demostrado tener un efecto catalizador en situaciones de falta de liquidez (México, Corea, Turquía, Brasil).
En situaciones de insolvencia (por ejemplo, Rusia y Argentina), el apoyo oficial no sólo es incapaz de evitar que la situación de impago se produzca, sino que puede agravar aún más el problema, causando más daño al país e, incluso, a sus acreedores.
Cuando se utiliza el dinero oficial para intentar resolver los casos de insolvencia, la pérdida del acceso al mercado permite a los inversores más afortunados cuyos créditos están cerca de la fecha de vencimiento salir del lance sin un solo rasguño.
Sin embargo, cuando el impago finalmente se produce -cuando los acreedores oficiales multilaterales se quedan sin dinero y/o deciden cancelar los créditos debido a una situación clara de insolvencia- los intereses del resto de los acreedores se ven gravemente afectados.
De hecho, desde que el FMI y la UE han asumido de facto el papel de acreedores privilegiados, la quita sufrida por los acreedores privados es más grave.
Acreedores privados
Sí, algunos de los acreedores privados a corto salen impunes, pero los acreedores privados a largo plazo sufren una quita que en Argentina ascendió al 75%. Ésta es la razón por la que, en los casos de insolvencia, los diferenciales de la deuda soberana no se reducen mucho, tal y como vemos en Grecia, país en el que los diferenciales apenas han disminuido a pesar de que el país ha recibido un rescate de 110.000 millones de euros.
En esta situación, es lógico que los acreedores privados teman por el orden de prelación para el cobro de la deuda. Y el dinero oficial se ha desperdiciado al permitir la fuga de los capitales de los inversores a corto plazo.
La reestructuración preventiva y ordenada de la deuda pública es mucho más beneficiosa para la mayoría de los acreedores privados, para el propio deudor y para la comunidad multilateral que un rescate chapucero, que finalmente puede desembocar en una quiebra desordenada.
Reestructuración con oferta de canje de deuda
La historia económica reciente nos indica que una reestructuración ordenada de la deuda en una situación de insolvencia soberana es una medida que puede beneficiar a todos. En los casos de Pakistán, Ucrania, Uruguay y República Dominicana, tal reestructuración se llevó a cabo a través de una oferta de canje de deuda a los acreedores, que convirtió la deuda pública antigua en nueva deuda y los nuevos vencimientos se prorrogaron muchos años -de 5 años a 15-.
Además, se puso un tope a la tasa de interés sobre la deuda en un porcentaje muy por debajo de los niveles de mercado (para proporcionar un alivio a la devolución de la deuda) y no se redujo el principal de la deuda, a diferencia de lo que ocurre en los casos de impago absoluto. Por supuesto, volver a aplazar los vencimientos y hacerlo por debajo de los precios de mercado representa un pérdida para los acreedores en valor neto actual (VNA), incluso en los casos en los que no se reduce el valor del principal, pero debe tenerse en cuenta que la pérdida en VNA es mucho menor que la que se produce en los casos de impago absoluto (recuérdese las importantes quitas de Argentina), y dado que el valor de mercado de la deuda ha caído (hasta un 30-40% en Grecia), no se producen nuevas pérdidas al pasar los inversores de un mercado a otro, pues están ya incluidas.
Estas reestructuraciones ordenadas con ofertas de canje de deuda han tenido éxito con una participación de los acreedores muy por encima del 90%, porque las perdidas en el VNA estaban ya incluidas en el valor de mercado de la deuda -de hecho, tras la reestructuración, aumentó el precio de la nueva deuda, obteniéndose ganancias al pasar de un mercado a otro-.
El caso griego, más fácil
La reestructuración de la deuda de Grecia sería aún más fácil que en las cuatro economías de mercado emergentes que han gestionado con éxito la oferta de canje de la deuda antigua por la nueva. En estos países, la mayor parte de la deuda se emitió en una jurisdicción extranjera, por lo que el riesgo para los acreedores derivados de litigar contra los activos de los países endeudados eran mayores.
En cambio, en Grecia, las emisiones del 95% de la deuda pública se ha llevado a cabo bajo la jurisdicción nacional, por lo que los riesgos de litigio que afrontan son aún menores.
Por otra parte, Grecia podría reducir al mínimo los riesgos legales mediante una oferta de canje válida únicamente para la deuda interna y declarando la exención de la deuda externa emitida, ya que esta última es tan pequeña que puede considerarse insignificante a efectos del pago de los intereses.
La reestructuración del 95% de la deuda interna aliviaría la carga de la deuda total y se evitaría caer en el atolladero legal de la reestructuración de la deuda emitida en el extranjero.
Las reestructuraciones ordenadas a través de la oferta de canje de deuda pueden servir también para evitar pérdidas muy perjudiciales para los acreedores que tienen deuda griega.
Riesgo de pérdidas en el sistema financiero
De hecho, la preocupación por la posibilidad de que las instituciones financieras que poseen deuda pública griega sufrieran enormes pérdidas y, como consecuencia, se produjera otra debacle similar a la que vimos en el caso de Lehman, ha sido una de las razones por las que la comunidad internacional se ha mostrado reacia a considerar la posibilidad de reestructurar la deuda griega.
Sin embargo, hay varias razones para pensar que el daño sistémico se puede evitar con una reestructuración ordenada:
1. Si el rescate oficial falla y se produce un impago de la deuda, las pérdidas para los inversores serían mucho mayores.
2. Ya se han tenido en cuenta las pérdidas para los inversores asociadas con el paso de un mercado a otro, ya que en el valor de mercado de la deuda griega se han incluido el valor equivalente a una quita de entre el 30 y el 40%.
3. La mayoría de los bancos que poseen deuda pública griega la mantienen en la sección de "hasta su vencimiento" no en la "cuenta de explotación". Por lo tanto, siempre que el valor nominal de la deuda no disminuya, pueden partir del supuesto, tal y como ya lo están haciendo, de que este valor sigue siendo de 100 centavos por dólar, aunque el valor real de mercado sea ya más bajo.
4. El mal trago de una reestructuración de la deuda podría ser menos amargo si se utilizan los edulcorantes adecuados en forma de mejoras crediticias. El uso de recursos del FMI y de la UE para reforzar estos créditos es más apropiado que su uso actual para financiar la salida de los inversores con fechas de vencimiento cercanas. Un modelo de reforzamiento crediticio de este tipo es el plan Brady, en el cual el principal del bono queda parcialmente asegurado por un garantía en forma de bonos a largo plazo del Tesoro de EEUU.
Por otra parte, estos recursos públicos multilaterales pueden ser más productivos si se utilizan para limitar el daño colateral de la reestructuración, en vez de malgastarlos en tratar de impedir una reestructuración que será inevitable. Tales recursos también pueden utilizarse para ayudar a otros emisores soberanos de la zona euro, como España, cuya deuda pública se enfrenta al riesgo de no refinanciarse si se diese un escenario de colapso desordenado de Grecia.
Por lo tanto, una reestructuración ordenada de la deuda pública llevada a cabo desde el principio -en oposición a un impago desordenada en el futuro- puede minimizar de forma significativa las pérdidas sufridas por los acreedores de la deuda soberana y, además, despejar considerablemente las incertidumbres de los mercados sobre la posibilidad de que la reestructuración de la deuda dé lugar a pérdidas tan grandes que el efecto sistémico sea inevitable. Los problemas de Lehman no podían resolverse acudiendo a una reestructuración ordenada de la deuda, los de Grecia sí.
CDS
Una cuestión a la que aún no nos hemos referido es la de si la reestructuración de la deuda a través de una oferta de canje podría considerarse como crédito formal a efectos de la activación de seguros de permuta de coberturas por incumplimiento crediticio (los Credit Default Swaps o CDS).
Es bien sabido que los bancos griegos han vendido grandes cantidades de CDS y es probable que tengan pérdidas muy importantes, incluso pueden entrar en una insolvencia absoluta si estos contratos se activan al verificarse la concesión de un crédito. Las agencias de calificación consideran que las ofertas de canje están sometidas al riesgo de impago por tratarse de operaciones asimilables a los créditos, ya que este tipo de ofertas son coercitivas, es decir, se hacen con la amenaza implícita de impago.
No obstante, desde el punto de vista jurídico, no está claro que una oferta de canje de deuda pueda asimilarse a un crédito en los contratos de CDS. Habría que analizar la letra pequeña. Es muy probable que llegado el caso, el Gobierno y los bancos griegos se nieguen a pagar y litiguen ante los tribunales.
A diferencia de lo que ocurre con los depósitos asegurados, los contratos de CDS se encuentran entre los instrumentos más inseguros de los que pueden echar mano las instituciones financieras. Por tanto, mientras el Gobierno griego no muestre la debilidad de la que hizo gala en su día EEUU cuando respaldó y pagó en su totalidad los contratos de CDS emitidos en grandes cantidades por AIG, los acreedores de los bancos griegos se verán obligados a aceptar una quita en los CDS, ya que estos acreedores compraron seguros que ahora obviamente no se pueden pagar y que no pueden -ni deben- ser respaldados por el Gobierno griego.
La reestructuración ordenada de la deuda permite que una situación insostenible se convierta en una situación viable, y este debe ser el objetivo último de todos los esfuerzos. Grecia es hoy un país insolvente, en parte debido a la ampliación de sus diferenciales soberanos. No tiene sentido que un país pague tipos de interés elevados, que incluyen la prima de riesgo y otras recompensas para los inversores que sufren una quita por impago sin realmente asumir la quita, y, al mismo tiempo, siga pagando unos diferenciales tan exorbitantes que van a hacer que el impago sea inevitable. En una situación así, es mejor, tanto para el deudor como para el acreedor, ponerse de acuerdo.
Ajustes fiscales
Argumentar a favor de una reestructuración de la deuda no implica que Grecia no deba hacer frente a una cantidad importante de ajustes fiscales. Incluso en el caso de que el interés real de la deuda pública griega fuera el normal, e incluso en el caso de que el crecimiento volviese a la normalidad, Grecia tendría que enfrentarse a un problema estructural de gran envergadura (la diferencia entre el déficit actual y el que sería necesario para estabilizar el cociente deuda pública/PIB en condiciones de tipos reales normales y de posibilidad de crecimiento económico).
Por tanto, el principal ajuste que se debe exigir a Grecia tiene que ser de una magnitud suficiente para resolver este problema estructural, no para resolver el que derivaría de tener que pagar los actuales tipos de interés reales de la deuda pública, que son insostenibles.
Menos competitividad
Un último problema: la reestructuración ordenada de la deuda servirá para resolver sólo uno de los dos problemas a los que Grecia y otros países insolventes de la zona euro deben hacer frente: la sostenibilidad de la deuda pública. Sin embargo, esto no resuelve el segundo problema: la pérdida de competitividad de la economía y la consiguiente debilidad del crecimiento, derivadas de una apreciación real de la moneda.
Esta pérdida de competitividad de los países que conocemos con las siglas PIIGS se debe a muchos factores: la pérdida de las exportaciones en los mercados emergentes debido a que estas exportaciones se basan en el trabajo intensivo y en el bajo valor añadido, el aumento de los costes laborales unitarios, que tiene su origen en una década de crecimiento continuo de los salarios por encima de la productividad, y la fuerte revalorización que experimentó el euro entre 2002 y 2008.
Dejando a un lado la posibilidad de que Grecia abandone la unión monetaria, una opción que podría conducir a una desintegración desordenada del euro, las opciones realistas para restablecer la competitividad pasan necesariamente por una depreciación de la divisa europea.
Las otras dos propuestas de solución a los problemas de competitividad -la deflación y las reformas estructurales- no son ni realistas ni viables. Una deflación durante 5 años de los precios y de los salarios de entre el 20 y el 30% no es viable, porque la deflación está asociada con una recesión duradera; y ningún régimen social o político puede permitirse el lujo de sufrir una recesión cada vez más profunda durante cinco años o más para conseguir la deflación deseada.
Argentina acudió a la deflación para ganar competitividad y se declaró insolvente después de tres años de profunda recesión. Además, la recesión y la deflación, lejos de resolver el problema, agravan aún más la insolvencia de la deuda pública, ya que la caída tanto real como nominal del PIB aumenta drásticamente el valor real de la deuda pública y del cociente deuda pública/PIB.
Alemania: modelo a imitar a largo plazo
La opción alternativa a la restauración de la competitividad consiste en seguir el modelo alemán, que se basa en la aceleración de las reformas estructurales y de la reestructuración empresarial, aumentando así la productividad y limitando el crecimiento nominal de los salarios, con el fin de que los costes salariales disminuyan con el tiempo.
Sin embargo, esta solución no es viable en todos los países, a pesar de que, sin duda alguna, Grecia y los demás países PIIGS con el tiempo se verán obligados a aplicar estas reformas.
Hay que tener en cuenta que Alemania tardó más de diez años en mejorar la competitividad gracias a las reformas estructurales y a la reducción de los costes laborales unitarios y, además, estos cambios se llevaron a cabo en un momento de crecimiento económico, no de recesión profunda y persistente.
Si Grecia o España empezaran a aplicar estas medidas hoy mismo, los beneficios tardarían en llegar varios años y, a corto plazo, la reestructuración tendría efectos negativos sobre los costes de producción, ya que sería necesario despedir a muchos trabajadores y cerrar algunas empresas, y habría que transferir capital y trabajo desde los sectores en crisis a otros nuevos que habrían de ser más competitivos.
El horizonte para que estas reformas restauren la competitividad y el crecimiento es demasiado largo, sobre todo si los comparamos con el calendario político y tenemos en cuenta la presión existente para que se restablezcan la competitividad y el crecimiento a corto plazo.
Depreciación del euro
Grecia no es una excepción: ninguna institución democrática puede aceptar que se imponga una austeridad fiscal draconiana y una reforma estructural dolorosa cuando están asociadas con una recesión económica continua y no con la vuelta a un crecimiento económico aceptable.
Por lo tanto, si con la deflación y las reformas estructurales se tarda demasiado en restablecer la competitividad y el crecimiento, la única opción viable -dejando a un lado la salida de la unión monetaria- sería proceder a una depreciación importante del valor del euro.
Nouriel Roubini, fundador y presidente de Roubini Global Economics en Nueva York.
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Es hora de reconocer que Grecia no sólo sufre una crisis de liquidez -se enfrenta también a una crisis de insolvencia- y la respuesta política adecuada en estos momentos es la reestructuración ordenada de su deuda pública, y no el rescate de la UE/FMI, que sólo servirá para retrasar tal reestructuración y, además, plantea el riesgo de que se haga de forma desordenada.
En primer lugar, ¿por qué debemos describir a Grecia como un país insolvente? Supongamos que el Gobierno griego es capaz de aplicar el programa de austeridad fiscal. Éste requiere un ajuste draconiano del 10% del PIB, que empeorará aún más la recesión actual que sufre el país. Esto significaría para Grecia otros tres años más de recesión y estabilizaría su cociente deuda pública/PIB en nada menos que un 145% del PIB. Cualquier otro contratiempo provocaría una nueva dinámica de endeudamiento insostenible.
Para reducir el cociente deuda pública/PIB hasta un cien por cien, lo cual es ya de por sí muy preocupante, sería necesario un ajuste del 14% del PIB en sólo una década.
Si, como cabe esperar, la recesión se agrava y se produce una depreciación real a través de una deflación nominal continua, necesaria para restablecer la competitividad y el crecimiento, el cociente deuda pública/PIB se podría estabilizar en el 165% después de un ajuste fiscal draconiano y de una recesión y deflación todavía más draconianas. Por lo tanto, aún reconociendo las buenas intenciones de las autoridades, no estamos ante un plan que pueda servir.
Grecia, la nueva Argentina
Por otra parte, es conveniente comparar a la Grecia de hoy con la Argentina del periodo 1998-2001, que fue declarada insolvente. El déficit fiscal del país suramericano era al principio de la crisis del 3% del PIB, mientras que el de Grecia es actualmente del 13,6%.
La deuda pública argentina ascendía al 50% del PIB, mientras que Grecia ya ha alcanzado el 115 y cabe esperar que alcance el 145%.
El déficit de la balanza por cuenta corriente de Argentina era de un 2% del PIB; el de Grecia es del 10%. Si Argentina era insolvente, habría que considerar a Grecia como insolvente al cuadrado.
Quienes defienden que Grecia puede adoptar tales medidas de austeridad y conseguir la sostenibilidad de su deuda ponen como ejemplo el fuerte ajuste realizado en las últimas décadas en países como Bélgica, Irlanda y Suecia, o el ajuste fiscal recientemente realizado en Letonia.
Sin embargo, estas comparaciones tienen poco fundamento en lo que se refiere a Bélgica, Irlanda y Suecia, porque el ajuste fiscal se llevó a cabo durante más de una década y en un periodo de crecimiento, no de recesión prolongada.
En el caso del otro país que los economistas citan con frecuencia, Letonia, hay que recordar que no se produjo una devaluación, sino que la producción disminuyó en un 20% y, como consecuencia, el país se enfrenta ahora a una reacción política y social de gran envergadura.
Claves para una buena reestructuración
Otro argumento en contra de una reestructuración de la deuda de Grecia es que daría lugar a grandes pérdidas para las instituciones financieras europeas y podría causar otra catástrofe financiera al estilo de la de Lehman, pero hay que decir que este punto de vista tampoco tiene mucho fundamento.
Una reestructuración ordenada podría prevenir a tiempo un buen número de daños, mientras que aplazar la reestructuración, que es inevitable, daría lugar a un daño mucho mayor y a la necesidad de proceder luego a una reestructuración desordenada, tal y como ocurrió en Argentina.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que los planes oficiales de rescate del tipo propuesto por el FMI y la UE han demostrado tener un efecto catalizador en situaciones de falta de liquidez (México, Corea, Turquía, Brasil).
En situaciones de insolvencia (por ejemplo, Rusia y Argentina), el apoyo oficial no sólo es incapaz de evitar que la situación de impago se produzca, sino que puede agravar aún más el problema, causando más daño al país e, incluso, a sus acreedores.
Cuando se utiliza el dinero oficial para intentar resolver los casos de insolvencia, la pérdida del acceso al mercado permite a los inversores más afortunados cuyos créditos están cerca de la fecha de vencimiento salir del lance sin un solo rasguño.
Sin embargo, cuando el impago finalmente se produce -cuando los acreedores oficiales multilaterales se quedan sin dinero y/o deciden cancelar los créditos debido a una situación clara de insolvencia- los intereses del resto de los acreedores se ven gravemente afectados.
De hecho, desde que el FMI y la UE han asumido de facto el papel de acreedores privilegiados, la quita sufrida por los acreedores privados es más grave.
Acreedores privados
Sí, algunos de los acreedores privados a corto salen impunes, pero los acreedores privados a largo plazo sufren una quita que en Argentina ascendió al 75%. Ésta es la razón por la que, en los casos de insolvencia, los diferenciales de la deuda soberana no se reducen mucho, tal y como vemos en Grecia, país en el que los diferenciales apenas han disminuido a pesar de que el país ha recibido un rescate de 110.000 millones de euros.
En esta situación, es lógico que los acreedores privados teman por el orden de prelación para el cobro de la deuda. Y el dinero oficial se ha desperdiciado al permitir la fuga de los capitales de los inversores a corto plazo.
La reestructuración preventiva y ordenada de la deuda pública es mucho más beneficiosa para la mayoría de los acreedores privados, para el propio deudor y para la comunidad multilateral que un rescate chapucero, que finalmente puede desembocar en una quiebra desordenada.
Reestructuración con oferta de canje de deuda
La historia económica reciente nos indica que una reestructuración ordenada de la deuda en una situación de insolvencia soberana es una medida que puede beneficiar a todos. En los casos de Pakistán, Ucrania, Uruguay y República Dominicana, tal reestructuración se llevó a cabo a través de una oferta de canje de deuda a los acreedores, que convirtió la deuda pública antigua en nueva deuda y los nuevos vencimientos se prorrogaron muchos años -de 5 años a 15-.
Además, se puso un tope a la tasa de interés sobre la deuda en un porcentaje muy por debajo de los niveles de mercado (para proporcionar un alivio a la devolución de la deuda) y no se redujo el principal de la deuda, a diferencia de lo que ocurre en los casos de impago absoluto. Por supuesto, volver a aplazar los vencimientos y hacerlo por debajo de los precios de mercado representa un pérdida para los acreedores en valor neto actual (VNA), incluso en los casos en los que no se reduce el valor del principal, pero debe tenerse en cuenta que la pérdida en VNA es mucho menor que la que se produce en los casos de impago absoluto (recuérdese las importantes quitas de Argentina), y dado que el valor de mercado de la deuda ha caído (hasta un 30-40% en Grecia), no se producen nuevas pérdidas al pasar los inversores de un mercado a otro, pues están ya incluidas.
Estas reestructuraciones ordenadas con ofertas de canje de deuda han tenido éxito con una participación de los acreedores muy por encima del 90%, porque las perdidas en el VNA estaban ya incluidas en el valor de mercado de la deuda -de hecho, tras la reestructuración, aumentó el precio de la nueva deuda, obteniéndose ganancias al pasar de un mercado a otro-.
El caso griego, más fácil
La reestructuración de la deuda de Grecia sería aún más fácil que en las cuatro economías de mercado emergentes que han gestionado con éxito la oferta de canje de la deuda antigua por la nueva. En estos países, la mayor parte de la deuda se emitió en una jurisdicción extranjera, por lo que el riesgo para los acreedores derivados de litigar contra los activos de los países endeudados eran mayores.
En cambio, en Grecia, las emisiones del 95% de la deuda pública se ha llevado a cabo bajo la jurisdicción nacional, por lo que los riesgos de litigio que afrontan son aún menores.
Por otra parte, Grecia podría reducir al mínimo los riesgos legales mediante una oferta de canje válida únicamente para la deuda interna y declarando la exención de la deuda externa emitida, ya que esta última es tan pequeña que puede considerarse insignificante a efectos del pago de los intereses.
La reestructuración del 95% de la deuda interna aliviaría la carga de la deuda total y se evitaría caer en el atolladero legal de la reestructuración de la deuda emitida en el extranjero.
Las reestructuraciones ordenadas a través de la oferta de canje de deuda pueden servir también para evitar pérdidas muy perjudiciales para los acreedores que tienen deuda griega.
Riesgo de pérdidas en el sistema financiero
De hecho, la preocupación por la posibilidad de que las instituciones financieras que poseen deuda pública griega sufrieran enormes pérdidas y, como consecuencia, se produjera otra debacle similar a la que vimos en el caso de Lehman, ha sido una de las razones por las que la comunidad internacional se ha mostrado reacia a considerar la posibilidad de reestructurar la deuda griega.
Sin embargo, hay varias razones para pensar que el daño sistémico se puede evitar con una reestructuración ordenada:
1. Si el rescate oficial falla y se produce un impago de la deuda, las pérdidas para los inversores serían mucho mayores.
2. Ya se han tenido en cuenta las pérdidas para los inversores asociadas con el paso de un mercado a otro, ya que en el valor de mercado de la deuda griega se han incluido el valor equivalente a una quita de entre el 30 y el 40%.
3. La mayoría de los bancos que poseen deuda pública griega la mantienen en la sección de "hasta su vencimiento" no en la "cuenta de explotación". Por lo tanto, siempre que el valor nominal de la deuda no disminuya, pueden partir del supuesto, tal y como ya lo están haciendo, de que este valor sigue siendo de 100 centavos por dólar, aunque el valor real de mercado sea ya más bajo.
4. El mal trago de una reestructuración de la deuda podría ser menos amargo si se utilizan los edulcorantes adecuados en forma de mejoras crediticias. El uso de recursos del FMI y de la UE para reforzar estos créditos es más apropiado que su uso actual para financiar la salida de los inversores con fechas de vencimiento cercanas. Un modelo de reforzamiento crediticio de este tipo es el plan Brady, en el cual el principal del bono queda parcialmente asegurado por un garantía en forma de bonos a largo plazo del Tesoro de EEUU.
Por otra parte, estos recursos públicos multilaterales pueden ser más productivos si se utilizan para limitar el daño colateral de la reestructuración, en vez de malgastarlos en tratar de impedir una reestructuración que será inevitable. Tales recursos también pueden utilizarse para ayudar a otros emisores soberanos de la zona euro, como España, cuya deuda pública se enfrenta al riesgo de no refinanciarse si se diese un escenario de colapso desordenado de Grecia.
Por lo tanto, una reestructuración ordenada de la deuda pública llevada a cabo desde el principio -en oposición a un impago desordenada en el futuro- puede minimizar de forma significativa las pérdidas sufridas por los acreedores de la deuda soberana y, además, despejar considerablemente las incertidumbres de los mercados sobre la posibilidad de que la reestructuración de la deuda dé lugar a pérdidas tan grandes que el efecto sistémico sea inevitable. Los problemas de Lehman no podían resolverse acudiendo a una reestructuración ordenada de la deuda, los de Grecia sí.
CDS
Una cuestión a la que aún no nos hemos referido es la de si la reestructuración de la deuda a través de una oferta de canje podría considerarse como crédito formal a efectos de la activación de seguros de permuta de coberturas por incumplimiento crediticio (los Credit Default Swaps o CDS).
Es bien sabido que los bancos griegos han vendido grandes cantidades de CDS y es probable que tengan pérdidas muy importantes, incluso pueden entrar en una insolvencia absoluta si estos contratos se activan al verificarse la concesión de un crédito. Las agencias de calificación consideran que las ofertas de canje están sometidas al riesgo de impago por tratarse de operaciones asimilables a los créditos, ya que este tipo de ofertas son coercitivas, es decir, se hacen con la amenaza implícita de impago.
No obstante, desde el punto de vista jurídico, no está claro que una oferta de canje de deuda pueda asimilarse a un crédito en los contratos de CDS. Habría que analizar la letra pequeña. Es muy probable que llegado el caso, el Gobierno y los bancos griegos se nieguen a pagar y litiguen ante los tribunales.
A diferencia de lo que ocurre con los depósitos asegurados, los contratos de CDS se encuentran entre los instrumentos más inseguros de los que pueden echar mano las instituciones financieras. Por tanto, mientras el Gobierno griego no muestre la debilidad de la que hizo gala en su día EEUU cuando respaldó y pagó en su totalidad los contratos de CDS emitidos en grandes cantidades por AIG, los acreedores de los bancos griegos se verán obligados a aceptar una quita en los CDS, ya que estos acreedores compraron seguros que ahora obviamente no se pueden pagar y que no pueden -ni deben- ser respaldados por el Gobierno griego.
La reestructuración ordenada de la deuda permite que una situación insostenible se convierta en una situación viable, y este debe ser el objetivo último de todos los esfuerzos. Grecia es hoy un país insolvente, en parte debido a la ampliación de sus diferenciales soberanos. No tiene sentido que un país pague tipos de interés elevados, que incluyen la prima de riesgo y otras recompensas para los inversores que sufren una quita por impago sin realmente asumir la quita, y, al mismo tiempo, siga pagando unos diferenciales tan exorbitantes que van a hacer que el impago sea inevitable. En una situación así, es mejor, tanto para el deudor como para el acreedor, ponerse de acuerdo.
Ajustes fiscales
Argumentar a favor de una reestructuración de la deuda no implica que Grecia no deba hacer frente a una cantidad importante de ajustes fiscales. Incluso en el caso de que el interés real de la deuda pública griega fuera el normal, e incluso en el caso de que el crecimiento volviese a la normalidad, Grecia tendría que enfrentarse a un problema estructural de gran envergadura (la diferencia entre el déficit actual y el que sería necesario para estabilizar el cociente deuda pública/PIB en condiciones de tipos reales normales y de posibilidad de crecimiento económico).
Por tanto, el principal ajuste que se debe exigir a Grecia tiene que ser de una magnitud suficiente para resolver este problema estructural, no para resolver el que derivaría de tener que pagar los actuales tipos de interés reales de la deuda pública, que son insostenibles.
Menos competitividad
Un último problema: la reestructuración ordenada de la deuda servirá para resolver sólo uno de los dos problemas a los que Grecia y otros países insolventes de la zona euro deben hacer frente: la sostenibilidad de la deuda pública. Sin embargo, esto no resuelve el segundo problema: la pérdida de competitividad de la economía y la consiguiente debilidad del crecimiento, derivadas de una apreciación real de la moneda.
Esta pérdida de competitividad de los países que conocemos con las siglas PIIGS se debe a muchos factores: la pérdida de las exportaciones en los mercados emergentes debido a que estas exportaciones se basan en el trabajo intensivo y en el bajo valor añadido, el aumento de los costes laborales unitarios, que tiene su origen en una década de crecimiento continuo de los salarios por encima de la productividad, y la fuerte revalorización que experimentó el euro entre 2002 y 2008.
Dejando a un lado la posibilidad de que Grecia abandone la unión monetaria, una opción que podría conducir a una desintegración desordenada del euro, las opciones realistas para restablecer la competitividad pasan necesariamente por una depreciación de la divisa europea.
Las otras dos propuestas de solución a los problemas de competitividad -la deflación y las reformas estructurales- no son ni realistas ni viables. Una deflación durante 5 años de los precios y de los salarios de entre el 20 y el 30% no es viable, porque la deflación está asociada con una recesión duradera; y ningún régimen social o político puede permitirse el lujo de sufrir una recesión cada vez más profunda durante cinco años o más para conseguir la deflación deseada.
Argentina acudió a la deflación para ganar competitividad y se declaró insolvente después de tres años de profunda recesión. Además, la recesión y la deflación, lejos de resolver el problema, agravan aún más la insolvencia de la deuda pública, ya que la caída tanto real como nominal del PIB aumenta drásticamente el valor real de la deuda pública y del cociente deuda pública/PIB.
Alemania: modelo a imitar a largo plazo
La opción alternativa a la restauración de la competitividad consiste en seguir el modelo alemán, que se basa en la aceleración de las reformas estructurales y de la reestructuración empresarial, aumentando así la productividad y limitando el crecimiento nominal de los salarios, con el fin de que los costes salariales disminuyan con el tiempo.
Sin embargo, esta solución no es viable en todos los países, a pesar de que, sin duda alguna, Grecia y los demás países PIIGS con el tiempo se verán obligados a aplicar estas reformas.
Hay que tener en cuenta que Alemania tardó más de diez años en mejorar la competitividad gracias a las reformas estructurales y a la reducción de los costes laborales unitarios y, además, estos cambios se llevaron a cabo en un momento de crecimiento económico, no de recesión profunda y persistente.
Si Grecia o España empezaran a aplicar estas medidas hoy mismo, los beneficios tardarían en llegar varios años y, a corto plazo, la reestructuración tendría efectos negativos sobre los costes de producción, ya que sería necesario despedir a muchos trabajadores y cerrar algunas empresas, y habría que transferir capital y trabajo desde los sectores en crisis a otros nuevos que habrían de ser más competitivos.
El horizonte para que estas reformas restauren la competitividad y el crecimiento es demasiado largo, sobre todo si los comparamos con el calendario político y tenemos en cuenta la presión existente para que se restablezcan la competitividad y el crecimiento a corto plazo.
Depreciación del euro
Grecia no es una excepción: ninguna institución democrática puede aceptar que se imponga una austeridad fiscal draconiana y una reforma estructural dolorosa cuando están asociadas con una recesión económica continua y no con la vuelta a un crecimiento económico aceptable.
Por lo tanto, si con la deflación y las reformas estructurales se tarda demasiado en restablecer la competitividad y el crecimiento, la única opción viable -dejando a un lado la salida de la unión monetaria- sería proceder a una depreciación importante del valor del euro.
Nouriel Roubini, fundador y presidente de Roubini Global Economics en Nueva York.
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Grecia reduce su déficit presupuestario un 41,8% en el primer semestre de 2010
En expansion.com [05/07/2010]
El déficit estatal de Grecia se redujo un 41,8% en el primer semestre de 2010 hasta los 11.450 millones de euros, frente a los 19.685 millones de euros que registró en el mismo periodo del ejercicio anterior, según anunció hoy el Banco de Grecia en un comunicado.
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El déficit estatal de Grecia se redujo un 41,8% en el primer semestre de 2010 hasta los 11.450 millones de euros, frente a los 19.685 millones de euros que registró en el mismo periodo del ejercicio anterior, según anunció hoy el Banco de Grecia en un comunicado.
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España: Más problemas para los ayuntamientos: la crisis inmobiliaria les cuesta 15.000 millones al año
En expansion.com [05/07/2010]
La recaudación que a los ayuntamientos le proporcionaba el ladrillo en los años del boom inmobilario prácticamente ha desaparecido: los consistorios ingresarán en 2010 un 90% menos que hace cuatro años.
La recaudación que a los ayuntamientos le proporcionaba el ladrillo en los años del boom inmobilario prácticamente ha desaparecido: los consistorios ingresarán en 2010 un 90% menos que hace cuatro años.
Ranking: los veinte países con más riesgo de ‘default’
En expansion.com [05/07/2010]
Venezuela, Grecia, Argentina, Paquistán y Ucrania. Éstos son los países con más riesgo de 'default', según un estudio que elabora la agencia CMA en función del precio de los CDS (Credit Default Swap, seguro contra el riesgo de impago de deuda). España se sitúa en el puesto 15.
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Venezuela, Grecia, Argentina, Paquistán y Ucrania. Éstos son los países con más riesgo de 'default', según un estudio que elabora la agencia CMA en función del precio de los CDS (Credit Default Swap, seguro contra el riesgo de impago de deuda). España se sitúa en el puesto 15.
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Alemania revisa a la baja su déficit para los próximos años
En ELPAIS.com [05/07/2010]
Ahora se calcula que quedará en 65.000 millones, frente a los 80.000 millones estimados.
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Ahora se calcula que quedará en 65.000 millones, frente a los 80.000 millones estimados.
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Josep OLIVER ALONSO: Deuda, euro e inflación
En Cincodias.com [05/07/2010]
La reunión del G-20 finalizó sin acuerdo en lo más sustancial. La presión de EE UU y Gran Bretaña dio al traste con un acuerdo sobre el sistema bancario internacional, y diferencias insalvables sobre el futuro del dólar y el euro fueron responsables de la falta de consenso sobre la política fiscal.
En relación con este último punto, el debate se centra en las distintas posiciones acerca de los efectos de los ajustes fiscales y/o de fomento de la demanda interna en la consolidación de la recuperación. Los partidarios de avanzar la reducción del déficit argumentan, para postular su corrección, en términos de mejora de la confianza y su positivo impacto en el crecimiento en el medio plazo. Los que apuestan, como EE UU, por la continuidad de la expansión fiscal, apuntan a la dificultad que la demanda privada pueda sustituir, a corto plazo, la retirada de los impulsos del sector público.
Siendo cierta esta disyuntiva, sólo lo es parcialmente y, como todos los análisis parciales, corre el peligro de olvidar los aspectos más sustantivos. ¿Qué es lo que separa la posición alemana de la de EE UU y, en menor medida, de Francia?
Responder a esta pregunta implica interrogarse por lo que define específicamente esta crisis. No se trata de choques de oferta, como en los setenta y ochenta, aunque comparta algunos de sus rasgos distintivos. No se ha producido un aumento dramático de los costes de producción que haya desplazado la curva de oferta, aumentando los costes empresariales y reduciendo el crecimiento agregado. Tampoco es una crisis típica de demanda, en la que hubiera sido ésta la que se ha movido hacia la derecha y abajo aunque también comparte alguna de sus características.
Lo que define típicamente la crisis actual, y la distingue de las precedentes e incluso de la de la Gran Depresión, es su carácter patrimonial: se trata de una crisis de balances, generada por el exceso de deuda, familiar, empresarial y, finalmente, pública. De esta forma, las caídas de la demanda y los problemas de la oferta son síntomas de un tipo distinto de recesión, generado por el exceso de apalancamiento. Pero, como en todas las enfermedades, sería un error creer que su solución proviene de atacar los síntomas. El problema al que nos enfrentamos, y la solución que precisamos, radica en la necesidad de desapalancamiento del sector privado y público. Y, por más que lo deseemos, esos excesos de endeudamiento comportan menor crecimiento actual y futuro, que dificultan el proceso de reducción de la deuda.
Cuando, como es la situación actual, los apalancamientos son generales y se extienden a todos los grandes países avanzados, la solución de que crezcan los demás no es posible. Y el apalancamiento es excesivo, a todas luces, tanto en el sector privado como en el público (en EE UU, Gran Bretaña, España, Portugal o Irlanda), en el sector privado estrictamente (Dinamarca, Holanda y, en menor medida, Francia), en el sector público, fundamentalmente (Japón, Italia, Bélgica o Grecia, por ejemplo), o en el financiero (Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, EE UU y España, entre otros).
Y ahí es donde entran en juego las distintas experiencias y, en especial, las diferencias de posición de EE UU y Alemania. Los primeros son, básicamente, un país deudor, mientras que los alemanes, como siempre, son acreedores. En esta situación, es inevitable considerar lo bien que nos iría si la inflación fuera algo más elevada, y nos ayudara a erosionar la deuda.
Por ello no deja de ser sintomático que las reflexiones acerca de las virtudes de un crecimiento más intenso de los precios hayan emergido en EE UU, mientras que Alemania continúa destacando, como siempre, la necesidad de la estabilidad de precios. América, y Francia también, desearían una tasa de inflación más elevada, que redujera de forma no visible el endeudamiento. Alemania, como país acreedor, no está por la labor. Por ello, el euro continuará siendo una moneda fuerte. Y, por ello también, EE UU tendrán que seguir el carro alemán y deberán mantener el dólar más alto de lo que desearían. Este es el desacuerdo fundamental. Y no es resoluble.
Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada (UAB)
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La reunión del G-20 finalizó sin acuerdo en lo más sustancial. La presión de EE UU y Gran Bretaña dio al traste con un acuerdo sobre el sistema bancario internacional, y diferencias insalvables sobre el futuro del dólar y el euro fueron responsables de la falta de consenso sobre la política fiscal.
En relación con este último punto, el debate se centra en las distintas posiciones acerca de los efectos de los ajustes fiscales y/o de fomento de la demanda interna en la consolidación de la recuperación. Los partidarios de avanzar la reducción del déficit argumentan, para postular su corrección, en términos de mejora de la confianza y su positivo impacto en el crecimiento en el medio plazo. Los que apuestan, como EE UU, por la continuidad de la expansión fiscal, apuntan a la dificultad que la demanda privada pueda sustituir, a corto plazo, la retirada de los impulsos del sector público.
Siendo cierta esta disyuntiva, sólo lo es parcialmente y, como todos los análisis parciales, corre el peligro de olvidar los aspectos más sustantivos. ¿Qué es lo que separa la posición alemana de la de EE UU y, en menor medida, de Francia?
Responder a esta pregunta implica interrogarse por lo que define específicamente esta crisis. No se trata de choques de oferta, como en los setenta y ochenta, aunque comparta algunos de sus rasgos distintivos. No se ha producido un aumento dramático de los costes de producción que haya desplazado la curva de oferta, aumentando los costes empresariales y reduciendo el crecimiento agregado. Tampoco es una crisis típica de demanda, en la que hubiera sido ésta la que se ha movido hacia la derecha y abajo aunque también comparte alguna de sus características.
Lo que define típicamente la crisis actual, y la distingue de las precedentes e incluso de la de la Gran Depresión, es su carácter patrimonial: se trata de una crisis de balances, generada por el exceso de deuda, familiar, empresarial y, finalmente, pública. De esta forma, las caídas de la demanda y los problemas de la oferta son síntomas de un tipo distinto de recesión, generado por el exceso de apalancamiento. Pero, como en todas las enfermedades, sería un error creer que su solución proviene de atacar los síntomas. El problema al que nos enfrentamos, y la solución que precisamos, radica en la necesidad de desapalancamiento del sector privado y público. Y, por más que lo deseemos, esos excesos de endeudamiento comportan menor crecimiento actual y futuro, que dificultan el proceso de reducción de la deuda.
Cuando, como es la situación actual, los apalancamientos son generales y se extienden a todos los grandes países avanzados, la solución de que crezcan los demás no es posible. Y el apalancamiento es excesivo, a todas luces, tanto en el sector privado como en el público (en EE UU, Gran Bretaña, España, Portugal o Irlanda), en el sector privado estrictamente (Dinamarca, Holanda y, en menor medida, Francia), en el sector público, fundamentalmente (Japón, Italia, Bélgica o Grecia, por ejemplo), o en el financiero (Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, EE UU y España, entre otros).
Y ahí es donde entran en juego las distintas experiencias y, en especial, las diferencias de posición de EE UU y Alemania. Los primeros son, básicamente, un país deudor, mientras que los alemanes, como siempre, son acreedores. En esta situación, es inevitable considerar lo bien que nos iría si la inflación fuera algo más elevada, y nos ayudara a erosionar la deuda.
Por ello no deja de ser sintomático que las reflexiones acerca de las virtudes de un crecimiento más intenso de los precios hayan emergido en EE UU, mientras que Alemania continúa destacando, como siempre, la necesidad de la estabilidad de precios. América, y Francia también, desearían una tasa de inflación más elevada, que redujera de forma no visible el endeudamiento. Alemania, como país acreedor, no está por la labor. Por ello, el euro continuará siendo una moneda fuerte. Y, por ello también, EE UU tendrán que seguir el carro alemán y deberán mantener el dólar más alto de lo que desearían. Este es el desacuerdo fundamental. Y no es resoluble.
Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada (UAB)
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Reino Unido: Londres podría eliminar 600.000 empleos públicos y abaratar el despido
En Cincodias.com [05/07/2010]
El nuevo Gobierno británico podría eliminar hasta 600.000 puestos de funcionario en los cinco próximos años y prepara una legislación de emergencia para abaratar su despido, informan hoy varios medios británicos.
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El nuevo Gobierno británico podría eliminar hasta 600.000 puestos de funcionario en los cinco próximos años y prepara una legislación de emergencia para abaratar su despido, informan hoy varios medios británicos.
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domingo, 4 de julio de 2010
Ángel LABORDA: El segundo trimestre, prácticamente plano
En ELPAIS.com [04/07/2010]
Termina el segundo trimestre y con la información disponible ya se puede hacer una primera valoración del comportamiento de la economía española en este periodo. En esta ocasión, este ejercicio es algo más complejo que en otras, no solo porque falte información importante por publicarse, sino porque muchos indicadores se han visto afectados por factores atípicos, como el hecho de que la Semana Santa haya caído este año a caballo entre marzo y abril, lo que dificulta la corrección del calendario laboral y la estacionalidad de muchos indicadores, o la anormal meteorología del pasado invierno, que afectó notablemente a actividades como la construcción, la agricultura o el turismo y distorsiona las comparaciones intertrimestrales.
Empezando por las noticias buenas, el trimestre se cerró con una notable caída del paro registrado en junio de 83.834 parados, mucho mayor que la que preveían los modelos. En su mayor parte, este descenso se explica por factores estacionales, pero cuando desestacionalizamos los datos, nos queda una caída de casi 11.000 parados, lo cual contrasta demasiado con el aumento medio mensual en estos mismos términos de casi 63.000 en los cuatro meses precedentes. No suelen comportarse con esta volatilidad las variables del mercado laboral, que son de las más estables de todo el espectro de indicadores económicos. Esta estadística tiene muchos problemas, y sus responsables deberían analizarlos y mejorarla. En definitiva, este dato debemos considerarlo como un atípico y dejarlo aparcado hasta ver qué pasa en los siguientes meses y, sobre todo, hasta ver la EPA del segundo trimestre.
En todo caso, este descenso del paro no solo rompe bruscamente con su tendencia reciente, sino que es inconsistente con otro indicador publicado al mismo tiempo por el Ministerio de Trabajo, los afiliados a la Seguridad Social, que es una estadística de mucha mayor calidad y fiabilidad. En términos originales, en junio se produjo un aumento de 23.884 afiliados, que en términos desestacionalizadas se convierte en un descenso de unos 23.000. Esta última es una cifra algo peor que la de los dos meses precedentes, pero se mantiene dentro de la tendencia de moderación en la destrucción de empleo. Tomando medias trimestrales de los datos desestacionalizados, en el segundo trimestre se produjo un descenso de 62.800 afiliados respecto al trimestre anterior (-1,4% en tasa anualizada), caída inferior a la de 86.200 del primer trimestre (-1,9%) [gráfico superior izquierdo]
. Por sectores productivos, se observa una fuerte mejora relativa (menor caída que en el trimestre precedente) en el sector de la construcción, después de haber empeorado notablemente en el primer trimestre; un descenso notable en la agricultura y mejoras menores en la industria y los servicios, siendo destacable que este último vuelve a zona positiva (creación de empleo), si bien muy modesta.
La moderación del ritmo de caída del empleo en la industria es consistente con el comportamiento del índice de producción industrial, cuyo dato de mayo se conoció también esta semana. La media de abril y mayo da un crecimiento anualizado del 3,4% respecto a la media del primer trimestre, tras un estancamiento en dicho periodo [gráfico inferior izquierdo]. También el indicador de confianza de los empresarios de este sector ha continuado al alza hasta junio.
Frente a estos indicadores que apuntan a un segundo trimestre algo mejor que el primero, observamos, en cambio, otros que van en la dirección contraria. Entre ellos tenemos dos muy significativos del consumo de los hogares publicados esta semana: el índice de comercio al por menor y las matriculaciones de automóviles. Las ventas de abril y mayo fueron un 3,7% inferiores en tasa anualizada a la media del primer trimestre, y las matriculaciones de automóviles del segundo trimestre casi se estancaron en estos mismos términos.
En todo caso, estos indicadores estarían reflejando el comportamiento del sector privado de la economía. Probablemente, al añadir el gasto público, el conjunto empeore, por lo cual puede mantenerse la previsión de Funcas, que contempla un crecimiento cero del PIB en el segundo trimestre del año. -
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Termina el segundo trimestre y con la información disponible ya se puede hacer una primera valoración del comportamiento de la economía española en este periodo. En esta ocasión, este ejercicio es algo más complejo que en otras, no solo porque falte información importante por publicarse, sino porque muchos indicadores se han visto afectados por factores atípicos, como el hecho de que la Semana Santa haya caído este año a caballo entre marzo y abril, lo que dificulta la corrección del calendario laboral y la estacionalidad de muchos indicadores, o la anormal meteorología del pasado invierno, que afectó notablemente a actividades como la construcción, la agricultura o el turismo y distorsiona las comparaciones intertrimestrales.
Empezando por las noticias buenas, el trimestre se cerró con una notable caída del paro registrado en junio de 83.834 parados, mucho mayor que la que preveían los modelos. En su mayor parte, este descenso se explica por factores estacionales, pero cuando desestacionalizamos los datos, nos queda una caída de casi 11.000 parados, lo cual contrasta demasiado con el aumento medio mensual en estos mismos términos de casi 63.000 en los cuatro meses precedentes. No suelen comportarse con esta volatilidad las variables del mercado laboral, que son de las más estables de todo el espectro de indicadores económicos. Esta estadística tiene muchos problemas, y sus responsables deberían analizarlos y mejorarla. En definitiva, este dato debemos considerarlo como un atípico y dejarlo aparcado hasta ver qué pasa en los siguientes meses y, sobre todo, hasta ver la EPA del segundo trimestre.
En todo caso, este descenso del paro no solo rompe bruscamente con su tendencia reciente, sino que es inconsistente con otro indicador publicado al mismo tiempo por el Ministerio de Trabajo, los afiliados a la Seguridad Social, que es una estadística de mucha mayor calidad y fiabilidad. En términos originales, en junio se produjo un aumento de 23.884 afiliados, que en términos desestacionalizadas se convierte en un descenso de unos 23.000. Esta última es una cifra algo peor que la de los dos meses precedentes, pero se mantiene dentro de la tendencia de moderación en la destrucción de empleo. Tomando medias trimestrales de los datos desestacionalizados, en el segundo trimestre se produjo un descenso de 62.800 afiliados respecto al trimestre anterior (-1,4% en tasa anualizada), caída inferior a la de 86.200 del primer trimestre (-1,9%) [gráfico superior izquierdo]
. Por sectores productivos, se observa una fuerte mejora relativa (menor caída que en el trimestre precedente) en el sector de la construcción, después de haber empeorado notablemente en el primer trimestre; un descenso notable en la agricultura y mejoras menores en la industria y los servicios, siendo destacable que este último vuelve a zona positiva (creación de empleo), si bien muy modesta.
La moderación del ritmo de caída del empleo en la industria es consistente con el comportamiento del índice de producción industrial, cuyo dato de mayo se conoció también esta semana. La media de abril y mayo da un crecimiento anualizado del 3,4% respecto a la media del primer trimestre, tras un estancamiento en dicho periodo [gráfico inferior izquierdo]. También el indicador de confianza de los empresarios de este sector ha continuado al alza hasta junio.
Frente a estos indicadores que apuntan a un segundo trimestre algo mejor que el primero, observamos, en cambio, otros que van en la dirección contraria. Entre ellos tenemos dos muy significativos del consumo de los hogares publicados esta semana: el índice de comercio al por menor y las matriculaciones de automóviles. Las ventas de abril y mayo fueron un 3,7% inferiores en tasa anualizada a la media del primer trimestre, y las matriculaciones de automóviles del segundo trimestre casi se estancaron en estos mismos términos.
En todo caso, estos indicadores estarían reflejando el comportamiento del sector privado de la economía. Probablemente, al añadir el gasto público, el conjunto empeore, por lo cual puede mantenerse la previsión de Funcas, que contempla un crecimiento cero del PIB en el segundo trimestre del año. -
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Paul Krugman: La tercera depresión
En ELPAIS.com [04/07/2010]
En The New York Times. [27/06/2010]
Las recesiones son habituales; las depresiones son raras. Que yo sepa, solo ha habido dos épocas de la historia de la economía que en su día se describieron de forma generalizada como depresiones: los años de deflación e inestabilidad que llegaron tras El Pánico de 1873 y los años de paro masivo que siguieron a la crisis financiera de 1929-1931.
Ni la Larga Depresión del siglo XIX ni la Gran Depresión del XX fueron épocas de declive ininterrumpido sino que, por el contrario, en ambas hubo periodos en los que creció la economía. Pero estos episodios de mejoría nunca bastaban para compensar el daño causado por la crisis inicial, e iban seguidos de recaídas.
Me temo que ahora estamos en las fases iniciales de una tercera depresión. Es probable que esta acabe pareciéndose más a la Larga Depresión que a la mucho más grave Gran Depresión. Pero el coste -para la economía mundial y, sobre todo, para los millones de vidas arruinadas por la falta de puestos de trabajo- será inmenso de todos modos.
Y esta tercera depresión será, por encima de todo, un fracaso político. En todo el mundo -hace muy poco en la profundamente desalentadora reunión del G-20 del fin de semana pasado- los Gobiernos están obsesionados con la inflación, cuando la verdadera amenaza es la deflación, e insisten en la necesidad de apretarse el cinturón cuando el problema real es el gasto insuficiente.
En 2008 y 2009 daba la impresión de que a lo mejor habíamos aprendido de la historia. A diferencia de sus predecesores, que subieron los tipos de interés para afrontar la crisis financiera, los actuales dirigentes de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han recortado drásticamente los tipos e intervenido para apoyar los mercados del crédito. A diferencia de los Gobiernos del pasado, que trataron de equilibrar los presupuestos ante una economía que se hundía, los Gobiernos actuales han permitido que los déficits aumenten. Y unas políticas mejores han ayudado al mundo a evitar una debacle absoluta: se puede afirmar que la recesión que trajo la crisis financiera terminó el verano pasado.
Pero los historiadores futuros nos dirán que esto no era el fin de la tercera depresión, del mismo modo que la recuperación comercial que se inició en 1933 no fue el fin de la Gran Depresión. Después de todo, el paro -especialmente el paro de larga duración- sigue a unos niveles que se habrían considerado catastróficos no hace mucho, y no hay indicios de que vaya a bajar rápidamente. Y tanto EE UU como Europa van claramente encaminados hacia unas trampas deflacionistas similares a la de Japón.
Ante este sombrío panorama, uno esperaría que los responsables políticos se dieran cuenta de que todavía no han hecho lo suficiente para propiciar una recuperación. Pero no: durante los últimos meses ha habido un asombroso resurgimiento de la ortodoxia del dinero contante y sonante y los presupuestos equilibrados.
En lo que se refiere a la retórica, el regreso de la religión de los viejos tiempos resulta más evidente en Europa, donde las autoridades parecen estar extrayendo sus argumentos de la colección de discursos de Herbert Hoover, hasta llegar a afirmar que subir los impuestos y recortar el gasto realmente harán crecer la economía al mejorar la confianza empresarial. A efectos prácticos, sin embargo, a EE UU no le va mucho mejor. La Reserva Federal parece ser consciente de los peligros deflacionistas, pero lo que propone hacer al respecto es, bueno, nada. La Administración de Obama comprende los riesgos de una austeridad fiscal prematura, pero como los republicanos y los demócratas conservadores del Congreso no van a autorizar ayudas adicionales para los Gobiernos estatales, esa austeridad se está imponiendo de todos modos, en forma de recortes presupuestarios a escala estatal y local.
¿A qué se debe este giro político equivocado? Para justificar sus acciones, los partidarios de la línea dura suelen mencionar los problemas a los que se enfrentan Grecia y otros países de la periferia europea. Y es verdad que quienes invierten en bonos se han vuelto contra los Gobiernos con déficits inmanejables. Pero no hay pruebas de que, ante una economía deprimida, la austeridad fiscal a corto plazo vaya a tranquilizar a los inversores. Por el contrario, Grecia ha acordado un durísimo plan de austeridad, para luego encontrarse con que sus diferenciales de riesgo crecen todavía más; Irlanda ha impuesto unos recortes radicales al gasto público, y después los mercados han actuado como si su riesgo fuese mayor que el de España, que se ha mostrado mucho más reacia a tragar la medicina de los partidarios de la línea dura.
Es casi como si los mercados financieros comprendiesen lo que los responsables políticos parecen no entender: que aunque la responsabilidad fiscal a largo plazo es importante, recortar drásticamente el gasto en mitad de una depresión, lo cual empeora esa depresión y allana el camino hacia la deflación, es realmente autodestructivo.
Así que no creo que la cuestión sea realmente Grecia, y ni siquiera cualquier valoración realista del equilibrio entre déficit y empleo. En lugar de eso, es el triunfo de una ortodoxia que tiene poco que ver con el análisis racional, y cuyo principal dogma es que imponer sufrimiento a otras personas es el modo de demostrar liderazgo en épocas difíciles.
¿Y quién pagará el precio de esta victoria de la ortodoxia? La respuesta es decenas de millones de trabajadores desempleados, muchos de los cuales seguirán en paro durante años, y algunos de los cuales no volverán a trabajar nunca más.
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En The New York Times. [27/06/2010]
Las recesiones son habituales; las depresiones son raras. Que yo sepa, solo ha habido dos épocas de la historia de la economía que en su día se describieron de forma generalizada como depresiones: los años de deflación e inestabilidad que llegaron tras El Pánico de 1873 y los años de paro masivo que siguieron a la crisis financiera de 1929-1931.
Ni la Larga Depresión del siglo XIX ni la Gran Depresión del XX fueron épocas de declive ininterrumpido sino que, por el contrario, en ambas hubo periodos en los que creció la economía. Pero estos episodios de mejoría nunca bastaban para compensar el daño causado por la crisis inicial, e iban seguidos de recaídas.
Me temo que ahora estamos en las fases iniciales de una tercera depresión. Es probable que esta acabe pareciéndose más a la Larga Depresión que a la mucho más grave Gran Depresión. Pero el coste -para la economía mundial y, sobre todo, para los millones de vidas arruinadas por la falta de puestos de trabajo- será inmenso de todos modos.
Y esta tercera depresión será, por encima de todo, un fracaso político. En todo el mundo -hace muy poco en la profundamente desalentadora reunión del G-20 del fin de semana pasado- los Gobiernos están obsesionados con la inflación, cuando la verdadera amenaza es la deflación, e insisten en la necesidad de apretarse el cinturón cuando el problema real es el gasto insuficiente.
En 2008 y 2009 daba la impresión de que a lo mejor habíamos aprendido de la historia. A diferencia de sus predecesores, que subieron los tipos de interés para afrontar la crisis financiera, los actuales dirigentes de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han recortado drásticamente los tipos e intervenido para apoyar los mercados del crédito. A diferencia de los Gobiernos del pasado, que trataron de equilibrar los presupuestos ante una economía que se hundía, los Gobiernos actuales han permitido que los déficits aumenten. Y unas políticas mejores han ayudado al mundo a evitar una debacle absoluta: se puede afirmar que la recesión que trajo la crisis financiera terminó el verano pasado.
Pero los historiadores futuros nos dirán que esto no era el fin de la tercera depresión, del mismo modo que la recuperación comercial que se inició en 1933 no fue el fin de la Gran Depresión. Después de todo, el paro -especialmente el paro de larga duración- sigue a unos niveles que se habrían considerado catastróficos no hace mucho, y no hay indicios de que vaya a bajar rápidamente. Y tanto EE UU como Europa van claramente encaminados hacia unas trampas deflacionistas similares a la de Japón.
Ante este sombrío panorama, uno esperaría que los responsables políticos se dieran cuenta de que todavía no han hecho lo suficiente para propiciar una recuperación. Pero no: durante los últimos meses ha habido un asombroso resurgimiento de la ortodoxia del dinero contante y sonante y los presupuestos equilibrados.
En lo que se refiere a la retórica, el regreso de la religión de los viejos tiempos resulta más evidente en Europa, donde las autoridades parecen estar extrayendo sus argumentos de la colección de discursos de Herbert Hoover, hasta llegar a afirmar que subir los impuestos y recortar el gasto realmente harán crecer la economía al mejorar la confianza empresarial. A efectos prácticos, sin embargo, a EE UU no le va mucho mejor. La Reserva Federal parece ser consciente de los peligros deflacionistas, pero lo que propone hacer al respecto es, bueno, nada. La Administración de Obama comprende los riesgos de una austeridad fiscal prematura, pero como los republicanos y los demócratas conservadores del Congreso no van a autorizar ayudas adicionales para los Gobiernos estatales, esa austeridad se está imponiendo de todos modos, en forma de recortes presupuestarios a escala estatal y local.
¿A qué se debe este giro político equivocado? Para justificar sus acciones, los partidarios de la línea dura suelen mencionar los problemas a los que se enfrentan Grecia y otros países de la periferia europea. Y es verdad que quienes invierten en bonos se han vuelto contra los Gobiernos con déficits inmanejables. Pero no hay pruebas de que, ante una economía deprimida, la austeridad fiscal a corto plazo vaya a tranquilizar a los inversores. Por el contrario, Grecia ha acordado un durísimo plan de austeridad, para luego encontrarse con que sus diferenciales de riesgo crecen todavía más; Irlanda ha impuesto unos recortes radicales al gasto público, y después los mercados han actuado como si su riesgo fuese mayor que el de España, que se ha mostrado mucho más reacia a tragar la medicina de los partidarios de la línea dura.
Es casi como si los mercados financieros comprendiesen lo que los responsables políticos parecen no entender: que aunque la responsabilidad fiscal a largo plazo es importante, recortar drásticamente el gasto en mitad de una depresión, lo cual empeora esa depresión y allana el camino hacia la deflación, es realmente autodestructivo.
Así que no creo que la cuestión sea realmente Grecia, y ni siquiera cualquier valoración realista del equilibrio entre déficit y empleo. En lugar de eso, es el triunfo de una ortodoxia que tiene poco que ver con el análisis racional, y cuyo principal dogma es que imponer sufrimiento a otras personas es el modo de demostrar liderazgo en épocas difíciles.
¿Y quién pagará el precio de esta victoria de la ortodoxia? La respuesta es decenas de millones de trabajadores desempleados, muchos de los cuales seguirán en paro durante años, y algunos de los cuales no volverán a trabajar nunca más.
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Antón COSTAS: Síndrome del alcohólico rehabilitado
En ELPAIS.com [04/07/2010]
Hay una cuestión intrigante en la actual política económica de los países europeos: de repente, todos los Gobiernos se han puesto a anunciar masivos planes austeridad, de una magnitud y dureza para la cual la población no estaba preparada, y cuyos efectos sociales y económicos son cuando menos problemáticos.
En países como Grecia y España, más que una elección autónoma de sus Gobiernos, esa política ha venido al principio impuesta por los mercados de deuda, a lo que contribuyó también el empujoncito que Barak Obama y algunos líderes europeos le dieron a Rodríguez Zapatero. En otros casos -como el de Alemania o Reino Unido-, la austeridad es una opción política de sus Gobiernos. Pero sea impuesta o por convicción, el hecho es que la política de apretarse el cinturón con fuerza ha sido rápidamente hecha suya por los Gobiernos europeos como el camino de redención.
El caso del nuevo y joven Gobierno británico es particularmente ilustrativo. Aunque durante el periodo electoral David Cameron, el nuevo primer ministro, había hablado de la "inevitabilidad" de la austeridad, nada hacía presagiar la dureza y dramatismo de la política anunciada la semana pasada por el nuevo ministro del Tesoro, George Osborne. En esencia, busca acelerar el ritmo de la reducción del déficit y del desendeudamiento, de tal forma que ya en 2015 Reino Unido tenga déficit cero y unas necesidades netas de crédito de solo el 1,1% del PIB, frente al 11% de 2009-10.
La magnitud del ajuste y el reducido tiempo en que se quiere lograr implica una austeridad dramática, casi salvaje, cuyo impacto sobre el gasto, el crecimiento y el empleo público será considerable. De ahí que un analista tan cualificado como Martin Wolf se haya referido en su columna del Financial Times a "una masacre para que la que nadie estaba preparado" (A bloodbath one were prepared for, FT, 22 / 06 / 2010).
Wolf identifica dos "gigantescas apuestas" implícitas en el plan de Osborne, que en mi opinión son válidas también para las políticas de austeridad de otros países europeos.
La primera es el reto que plantea a la capacidad para gestionar el malestar social que va a producir una dura política de recorte del gasto y de los salarios. O los Gobiernos persuaden de forma convincente a sus ciudadanos de la justicia de este esfuerzo o el panorama social y político será complicado. Y no será fácil, porque para lograr reducir el déficit en tan breve plazo habrá que recortar el gasto a martillazos y no con cirugía fina. La experiencia dice que en estos casos quien paga la mayor parte de la factura son los más débiles.
La segunda apuesta es acerca del impacto que la austeridad tendrá en el crecimiento. Todos los Gobiernos, incluido el nuestro, admiten que será negativo, aunque esperan que será débil y que se recuperará rápidamente, ayudado por la mejora de las exportaciones. Pero se trata de un deseo piadoso más que de una predicción analítica fundamentada. Además, si todos los países practican a la vez la misma austeridad en el gasto, la posibilidad de exportar para que los vecinos nos compren lo que no consumimos será escasa. La política de austeridad que tan fructífera fue para Alemania en la última década no funciona cuando la practican todos los países a la vez.
Si los efectos sobre el crecimiento distan de ser evidentes, ¿cómo explicar que todos los Gobiernos europeos hayan abrazado con fe de converso una política de este tipo? La pregunta no tiene una fácil respuesta.
Una primera respuesta a esa cuestión es la idea, adoptada como ortodoxia oficial, de que las raíces de la crisis europea son fiscales. Por lo tanto, la solución ha de ser fiscal. Pero es un error. El consenso general entre los economistas independientes es que el origen ha sido financiero: la enorme burbuja de activos y el enorme endeudamiento privado impulsado por el modelo de crecimiento alemán y holandés (exportar, ahorrar y prestar el ahorro a otros países) y que se ha visto favorecido por el euro. El déficit y el endeudamiento público aparecieron con la crisis, cuando la burbuja pinchó y el sector público tuvo que salir al rescate del sector privado, tanto bancario como empresarial.
El camino para el retorno a la estabilidad fiscal es el crecimiento. Pero, como acabo de señalar, no está claro que esta estrategia de austeridad beneficie el crecimiento. Más bien lo contrario.
Pero, entonces, ¿cuál es la motivación que impulsa esa dura austeridad? En mi opinión tiene que ver más con motivaciones morales y personales que con el análisis económico.
La austeridad se alimenta de lo que podríamos llamar el síndrome del alcohólico rehabilitado. Es conocido que los alcohólicos o los fumadores cuando se rehabilitan utilizan con frecuencia terapias de choque y adoptan conductas ultrarradicales. Pues bien, los ministros de Hacienda europeos se están comportando como alcohólicos rehabilitados en relación con las terapias de desendeudamiento. Por eso algunos proclaman con fervor el déficit cero.
Aunque sorprenda, este tipo de motivaciones acostumbran a ser un poderoso acicate para las políticas de austeridad. Además, esas políticas se alimentan también del secreto deseo de algunos políticos de formar parte del selecto club de los ministros de Hacienda con reputación de ortodoxos y duros, capaces de imponer sacrificios e infligir dolor, al margen de su mayor o menor eficacia para promover el crecimiento.
Es cierto que en última instancia la política de austeridad era inevitable. Pero el espíritu jacobino con el que se está formulando no es el adecuado. La terapia de choque somete a la economía a un peligroso síndrome de abstinencia de crecimiento. De hecho, el crecimiento será el "test" final de su acierto o fracaso. Por el bien de todos, deseo que acierten.
Antón Costas Comesaña es catedrático de Política Económica de la UB.
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Hay una cuestión intrigante en la actual política económica de los países europeos: de repente, todos los Gobiernos se han puesto a anunciar masivos planes austeridad, de una magnitud y dureza para la cual la población no estaba preparada, y cuyos efectos sociales y económicos son cuando menos problemáticos.
En países como Grecia y España, más que una elección autónoma de sus Gobiernos, esa política ha venido al principio impuesta por los mercados de deuda, a lo que contribuyó también el empujoncito que Barak Obama y algunos líderes europeos le dieron a Rodríguez Zapatero. En otros casos -como el de Alemania o Reino Unido-, la austeridad es una opción política de sus Gobiernos. Pero sea impuesta o por convicción, el hecho es que la política de apretarse el cinturón con fuerza ha sido rápidamente hecha suya por los Gobiernos europeos como el camino de redención.
El caso del nuevo y joven Gobierno británico es particularmente ilustrativo. Aunque durante el periodo electoral David Cameron, el nuevo primer ministro, había hablado de la "inevitabilidad" de la austeridad, nada hacía presagiar la dureza y dramatismo de la política anunciada la semana pasada por el nuevo ministro del Tesoro, George Osborne. En esencia, busca acelerar el ritmo de la reducción del déficit y del desendeudamiento, de tal forma que ya en 2015 Reino Unido tenga déficit cero y unas necesidades netas de crédito de solo el 1,1% del PIB, frente al 11% de 2009-10.
La magnitud del ajuste y el reducido tiempo en que se quiere lograr implica una austeridad dramática, casi salvaje, cuyo impacto sobre el gasto, el crecimiento y el empleo público será considerable. De ahí que un analista tan cualificado como Martin Wolf se haya referido en su columna del Financial Times a "una masacre para que la que nadie estaba preparado" (A bloodbath one were prepared for, FT, 22 / 06 / 2010).
Wolf identifica dos "gigantescas apuestas" implícitas en el plan de Osborne, que en mi opinión son válidas también para las políticas de austeridad de otros países europeos.
La primera es el reto que plantea a la capacidad para gestionar el malestar social que va a producir una dura política de recorte del gasto y de los salarios. O los Gobiernos persuaden de forma convincente a sus ciudadanos de la justicia de este esfuerzo o el panorama social y político será complicado. Y no será fácil, porque para lograr reducir el déficit en tan breve plazo habrá que recortar el gasto a martillazos y no con cirugía fina. La experiencia dice que en estos casos quien paga la mayor parte de la factura son los más débiles.
La segunda apuesta es acerca del impacto que la austeridad tendrá en el crecimiento. Todos los Gobiernos, incluido el nuestro, admiten que será negativo, aunque esperan que será débil y que se recuperará rápidamente, ayudado por la mejora de las exportaciones. Pero se trata de un deseo piadoso más que de una predicción analítica fundamentada. Además, si todos los países practican a la vez la misma austeridad en el gasto, la posibilidad de exportar para que los vecinos nos compren lo que no consumimos será escasa. La política de austeridad que tan fructífera fue para Alemania en la última década no funciona cuando la practican todos los países a la vez.
Si los efectos sobre el crecimiento distan de ser evidentes, ¿cómo explicar que todos los Gobiernos europeos hayan abrazado con fe de converso una política de este tipo? La pregunta no tiene una fácil respuesta.
Una primera respuesta a esa cuestión es la idea, adoptada como ortodoxia oficial, de que las raíces de la crisis europea son fiscales. Por lo tanto, la solución ha de ser fiscal. Pero es un error. El consenso general entre los economistas independientes es que el origen ha sido financiero: la enorme burbuja de activos y el enorme endeudamiento privado impulsado por el modelo de crecimiento alemán y holandés (exportar, ahorrar y prestar el ahorro a otros países) y que se ha visto favorecido por el euro. El déficit y el endeudamiento público aparecieron con la crisis, cuando la burbuja pinchó y el sector público tuvo que salir al rescate del sector privado, tanto bancario como empresarial.
El camino para el retorno a la estabilidad fiscal es el crecimiento. Pero, como acabo de señalar, no está claro que esta estrategia de austeridad beneficie el crecimiento. Más bien lo contrario.
Pero, entonces, ¿cuál es la motivación que impulsa esa dura austeridad? En mi opinión tiene que ver más con motivaciones morales y personales que con el análisis económico.
La austeridad se alimenta de lo que podríamos llamar el síndrome del alcohólico rehabilitado. Es conocido que los alcohólicos o los fumadores cuando se rehabilitan utilizan con frecuencia terapias de choque y adoptan conductas ultrarradicales. Pues bien, los ministros de Hacienda europeos se están comportando como alcohólicos rehabilitados en relación con las terapias de desendeudamiento. Por eso algunos proclaman con fervor el déficit cero.
Aunque sorprenda, este tipo de motivaciones acostumbran a ser un poderoso acicate para las políticas de austeridad. Además, esas políticas se alimentan también del secreto deseo de algunos políticos de formar parte del selecto club de los ministros de Hacienda con reputación de ortodoxos y duros, capaces de imponer sacrificios e infligir dolor, al margen de su mayor o menor eficacia para promover el crecimiento.
Es cierto que en última instancia la política de austeridad era inevitable. Pero el espíritu jacobino con el que se está formulando no es el adecuado. La terapia de choque somete a la economía a un peligroso síndrome de abstinencia de crecimiento. De hecho, el crecimiento será el "test" final de su acierto o fracaso. Por el bien de todos, deseo que acierten.
Antón Costas Comesaña es catedrático de Política Económica de la UB.
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José Luis LEAL: Juego peligroso
En ELPAIS.com [04/07/2010]
La crisis económica ha puesto a prueba la Unión Monetaria Europea, iniciada en un periodo de prosperidad que, por el momento, se ha esfumado. Era evidente, desde el principio, que la construcción de la eurozona debía conllevar, tras el éxito inicial del euro, la puesta en marcha de una institución que coordinara las políticas presupuestarias y que fuera el interlocutor del Banco Central Europeo para administrar de manera coherente el espacio de la moneda única y maximizar el crecimiento económico en el marco de la estabilidad de los precios.
Desgraciadamente no ha sido así, pues con la creación del Banco Central Europeo solo hemos recorrido la mitad del camino. La otra mitad, la puesta en marcha de una institución que coordine las políticas presupuestarias, es una tarea pendiente. No tanto por la falta de conciencia de su necesidad, sino por la resistencia a ceder soberanía por parte de los Estados. Se ha creado el Eurogrupo, los ministros de Economía se reúnen regularmente en el Ecofin, pero, a la hora de la verdad, cada cual hace lo que estima más conveniente para sus ciudadanos sin tener en cuenta los intereses del conjunto de la eurozona. Ignoran, o pretenden ignorar, que la suma descoordinada de sus decisiones puede ser contraria, en un plazo no muy largo, a sus propios intereses nacionales. El abuso del corto plazo y del interés nacional conduce inevitablemente a la ineficacia del conjunto.
Los firmantes de la Unión Monetaria fueron conscientes de estos problemas desde el principio y por ello decidieron apuntalar el euro mediante la doble prohibición de que el déficit público de los Estados superase el 3% del PIB y la deuda pública excediese el límite del 60% del PIB. Al principio todo fue bien, a pesar de que algunos Estados, entre ellos Alemania entre 2002 y 2005, superaron temporalmente el límite del 3%. Los países cuya deuda superaba el 60% del PIB hicieron esfuerzos por reducirla. Gracias a ello, y al peso específico de la eurozona, el euro se ha consolidado como una moneda universal, compitiendo con el dólar como moneda de reserva, lo que constituye un logro importante.
El éxito del euro no parece haber impresionado a los alemanes, que tienen el sentimiento de que la moneda única solo les ha acarreado perjuicios. La realidad es muy diferente, lo que hace incomprensible el silencio de los principales responsables políticos sobre este asunto. Según los cálculos de la OCDE, Alemania ha sido el único gran país de la eurozona que ha ganado de manera significativa cuota de mercado desde la entrada en vigor del euro, lo que contrasta con las fuertes pérdidas de Francia e Italia. España también ha perdido cuota de mercado a la exportación, aunque de forma moderada. Es cierto que las empresas alemanas han realizado grandes, y eficaces, esfuerzos por reducir sus costes, pero es indudable que la puesta en marcha del euro les ha ayudado considerablemente.
El impacto de la crisis actual, la más severa desde 1929, ha puesto en tela de juicio las bases mismas del sistema. En realidad, deberíamos haber reflexionado antes sobre los peligros a los que nos exponía el obstinado rechazo a ceder soberanía por parte de los Estados. La imposición de límites a los déficits y a la deuda era una forma de desentenderse de las responsabilidades de los firmantes del Tratado de Maastricht, que de alguna manera delegaron en los números -el 3% y el 60% del PIB- las responsabilidades que no fueron capaces de asumir. El paladín de esta actitud fue Alemania, que desde el principio receló de la capacidad de los demás países de la eurozona para abrazar la cultura de la estabilidad que tan buenos resultados le había proporcionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En vez de acelerar la puesta en marcha de un embrión de gobierno económico para la eurozona, se prefirió la vía, más fácil políticamente, de los límites fiscales.
Esta manera de proceder es un juego peligroso que equivale al intento de atravesar la mayor tormenta que se recuerda utilizando únicamente el piloto automático. Pocas personas embarcarían a bordo de un avión en el que se anunciara de antemano que el piloto no iba a intervenir para nada, pasase lo que pasase, en el pilotaje del avión. Y, sin embargo, esto es lo que hemos hecho en la Unión Monetaria.
En este contexto hemos iniciado una singular carrera en Europa para ver quién ajusta más y más de prisa. Se ha fijado arbitrariamente el año 2013 para volver al 3% de déficit público y, lejos de intentar acomodar razonablemente los casos más difíciles, se ha decidido que hay que reforzar el piloto automático para dar mayor credibilidad a los ajustes. Es como si, en medio de la tormenta, prescindiéramos por completo del piloto. De nuevo quien más impulsa esta estrategia es Alemania.
Jugamos, juegan por nosotros, un juego peligroso. La respuesta, tanto presupuestaria como monetaria, que se ha dado a la crisis actual ha sido en líneas generales correcta y ha evitado una recesión mundial que no sabemos hasta dónde podría habernos llevado. Pero ahora, una vez evitado el mal mayor, parece como si no fuésemos capaces de salir del atolladero, al menos en Europa. Los mercados se han vuelto histéricos, lo cual no es una novedad, y penalizan a los Estados tanto por no ajustar sus economías como por hacerlo. A veces esta histeria se alimenta, consciente o inconscientemente, desde los propios Gobiernos.
El peligro que nos acecha es el de prolongar inútilmente la salida de la crisis. No se trata de evitar los rigores del ajuste, sino de conducirlo racionalmente. En el caso de España es evidente que hay que reducir el déficit público, que es uno de los mayores de la eurozona. El Gobierno, más o menos forzado por las circunstancias, está realizando esfuerzos en la buena dirección y lo único que cabe esperar es que persevere. Pero la necesidad de estos esfuerzos no debe ocultar la asimetría de un proceso de ajuste en el que los Estados más fuertes pueden imponer la austeridad a los más débiles, mientras que estos no pueden imponer a los primeros el relanzamiento de sus economías cuando están en condiciones de hacerlo o, al menos, la adecuación de sus procesos de ajuste a los intereses del conjunto de la eurozona.
Lo que está claro es que no podremos seguir indefinidamente a medio camino en la institucionalización de la Unión Monetaria. Las crisis suelen poner de relieve los problemas con una intensidad y una urgencia mayor de la habitual. Hay que creer que seremos capaces de avanzar por la senda de la racionalidad y colocar en su lugar unos intereses políticos nacionales que, a la larga, pueden costarnos muy caros. De no hacerlo así, la Unión Monetaria, la Unión Europea y, en definitiva, Europa habrá iniciado el camino que conduce a la irrelevancia en el mundo.
José Luis Leal fue ministro de Economía y presidente de la Asociación Española de Banca Privada.
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La crisis económica ha puesto a prueba la Unión Monetaria Europea, iniciada en un periodo de prosperidad que, por el momento, se ha esfumado. Era evidente, desde el principio, que la construcción de la eurozona debía conllevar, tras el éxito inicial del euro, la puesta en marcha de una institución que coordinara las políticas presupuestarias y que fuera el interlocutor del Banco Central Europeo para administrar de manera coherente el espacio de la moneda única y maximizar el crecimiento económico en el marco de la estabilidad de los precios.
Desgraciadamente no ha sido así, pues con la creación del Banco Central Europeo solo hemos recorrido la mitad del camino. La otra mitad, la puesta en marcha de una institución que coordine las políticas presupuestarias, es una tarea pendiente. No tanto por la falta de conciencia de su necesidad, sino por la resistencia a ceder soberanía por parte de los Estados. Se ha creado el Eurogrupo, los ministros de Economía se reúnen regularmente en el Ecofin, pero, a la hora de la verdad, cada cual hace lo que estima más conveniente para sus ciudadanos sin tener en cuenta los intereses del conjunto de la eurozona. Ignoran, o pretenden ignorar, que la suma descoordinada de sus decisiones puede ser contraria, en un plazo no muy largo, a sus propios intereses nacionales. El abuso del corto plazo y del interés nacional conduce inevitablemente a la ineficacia del conjunto.
Los firmantes de la Unión Monetaria fueron conscientes de estos problemas desde el principio y por ello decidieron apuntalar el euro mediante la doble prohibición de que el déficit público de los Estados superase el 3% del PIB y la deuda pública excediese el límite del 60% del PIB. Al principio todo fue bien, a pesar de que algunos Estados, entre ellos Alemania entre 2002 y 2005, superaron temporalmente el límite del 3%. Los países cuya deuda superaba el 60% del PIB hicieron esfuerzos por reducirla. Gracias a ello, y al peso específico de la eurozona, el euro se ha consolidado como una moneda universal, compitiendo con el dólar como moneda de reserva, lo que constituye un logro importante.
El éxito del euro no parece haber impresionado a los alemanes, que tienen el sentimiento de que la moneda única solo les ha acarreado perjuicios. La realidad es muy diferente, lo que hace incomprensible el silencio de los principales responsables políticos sobre este asunto. Según los cálculos de la OCDE, Alemania ha sido el único gran país de la eurozona que ha ganado de manera significativa cuota de mercado desde la entrada en vigor del euro, lo que contrasta con las fuertes pérdidas de Francia e Italia. España también ha perdido cuota de mercado a la exportación, aunque de forma moderada. Es cierto que las empresas alemanas han realizado grandes, y eficaces, esfuerzos por reducir sus costes, pero es indudable que la puesta en marcha del euro les ha ayudado considerablemente.
El impacto de la crisis actual, la más severa desde 1929, ha puesto en tela de juicio las bases mismas del sistema. En realidad, deberíamos haber reflexionado antes sobre los peligros a los que nos exponía el obstinado rechazo a ceder soberanía por parte de los Estados. La imposición de límites a los déficits y a la deuda era una forma de desentenderse de las responsabilidades de los firmantes del Tratado de Maastricht, que de alguna manera delegaron en los números -el 3% y el 60% del PIB- las responsabilidades que no fueron capaces de asumir. El paladín de esta actitud fue Alemania, que desde el principio receló de la capacidad de los demás países de la eurozona para abrazar la cultura de la estabilidad que tan buenos resultados le había proporcionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En vez de acelerar la puesta en marcha de un embrión de gobierno económico para la eurozona, se prefirió la vía, más fácil políticamente, de los límites fiscales.
Esta manera de proceder es un juego peligroso que equivale al intento de atravesar la mayor tormenta que se recuerda utilizando únicamente el piloto automático. Pocas personas embarcarían a bordo de un avión en el que se anunciara de antemano que el piloto no iba a intervenir para nada, pasase lo que pasase, en el pilotaje del avión. Y, sin embargo, esto es lo que hemos hecho en la Unión Monetaria.
En este contexto hemos iniciado una singular carrera en Europa para ver quién ajusta más y más de prisa. Se ha fijado arbitrariamente el año 2013 para volver al 3% de déficit público y, lejos de intentar acomodar razonablemente los casos más difíciles, se ha decidido que hay que reforzar el piloto automático para dar mayor credibilidad a los ajustes. Es como si, en medio de la tormenta, prescindiéramos por completo del piloto. De nuevo quien más impulsa esta estrategia es Alemania.
Jugamos, juegan por nosotros, un juego peligroso. La respuesta, tanto presupuestaria como monetaria, que se ha dado a la crisis actual ha sido en líneas generales correcta y ha evitado una recesión mundial que no sabemos hasta dónde podría habernos llevado. Pero ahora, una vez evitado el mal mayor, parece como si no fuésemos capaces de salir del atolladero, al menos en Europa. Los mercados se han vuelto histéricos, lo cual no es una novedad, y penalizan a los Estados tanto por no ajustar sus economías como por hacerlo. A veces esta histeria se alimenta, consciente o inconscientemente, desde los propios Gobiernos.
El peligro que nos acecha es el de prolongar inútilmente la salida de la crisis. No se trata de evitar los rigores del ajuste, sino de conducirlo racionalmente. En el caso de España es evidente que hay que reducir el déficit público, que es uno de los mayores de la eurozona. El Gobierno, más o menos forzado por las circunstancias, está realizando esfuerzos en la buena dirección y lo único que cabe esperar es que persevere. Pero la necesidad de estos esfuerzos no debe ocultar la asimetría de un proceso de ajuste en el que los Estados más fuertes pueden imponer la austeridad a los más débiles, mientras que estos no pueden imponer a los primeros el relanzamiento de sus economías cuando están en condiciones de hacerlo o, al menos, la adecuación de sus procesos de ajuste a los intereses del conjunto de la eurozona.
Lo que está claro es que no podremos seguir indefinidamente a medio camino en la institucionalización de la Unión Monetaria. Las crisis suelen poner de relieve los problemas con una intensidad y una urgencia mayor de la habitual. Hay que creer que seremos capaces de avanzar por la senda de la racionalidad y colocar en su lugar unos intereses políticos nacionales que, a la larga, pueden costarnos muy caros. De no hacerlo así, la Unión Monetaria, la Unión Europea y, en definitiva, Europa habrá iniciado el camino que conduce a la irrelevancia en el mundo.
José Luis Leal fue ministro de Economía y presidente de la Asociación Española de Banca Privada.
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España: El Estado duplica su recaudación neta por IVA hasta mayo
En Cincodias.com [04/07/2010]
La recaudación neta obtenida por el Estado por el IVA aplicado a las operaciones interiores desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo fue de 10.171 millones de euros, lo que duplica la cantidad registrada en el mismo periodo del año anterior, según consta en el último Boletín Parlamentario de Economía y Presupuestos remitido al Congreso de los Diputados, al que tuvo acceso Europa Press.
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La recaudación neta obtenida por el Estado por el IVA aplicado a las operaciones interiores desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo fue de 10.171 millones de euros, lo que duplica la cantidad registrada en el mismo periodo del año anterior, según consta en el último Boletín Parlamentario de Economía y Presupuestos remitido al Congreso de los Diputados, al que tuvo acceso Europa Press.
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Reino Unido: El Gobierno británico estudia nuevos recortes del presupuesto de sus ministerios
En Cincodias.com [04/07/2010]
Según señaló un portavoz de este Ministerio [de Finanzas], los recortes podrían ser de hasta el 40%, mientras que el presupuesto de emergencia presentado el mes pasado estimaba una reducción del gasto de un 25%. Los ministerios más afectados por estas medidas serían los de Educación, Defensa y Salud, que afrontarían niveles sin precedentes de recorte.
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Según señaló un portavoz de este Ministerio [de Finanzas], los recortes podrían ser de hasta el 40%, mientras que el presupuesto de emergencia presentado el mes pasado estimaba una reducción del gasto de un 25%. Los ministerios más afectados por estas medidas serían los de Educación, Defensa y Salud, que afrontarían niveles sin precedentes de recorte.
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BCE: Trichet apuesta por el control presupuestario y las reformas estructurales
En Cincodias.com [04/07/2010]
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, aseguró este domingo que los recortes presupuestarios y las reformas estructurales contribuirán a asentar la recuperación económica.
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En The New York Times [04/07/2010]
E.C.B. Chief Sees Progress in Euro-Zone Economy.
Budget cuts and structural reforms will help cement Europe’s economic recovery, while bank stress tests will help restore confidence, the European Central Bank president, Jean-Claude Trichet, said Sunday.
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Por supuesto, Krugman no está de acuerdo con Trichet.
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El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, aseguró este domingo que los recortes presupuestarios y las reformas estructurales contribuirán a asentar la recuperación económica.
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En The New York Times [04/07/2010]
E.C.B. Chief Sees Progress in Euro-Zone Economy.
Budget cuts and structural reforms will help cement Europe’s economic recovery, while bank stress tests will help restore confidence, the European Central Bank president, Jean-Claude Trichet, said Sunday.
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Por supuesto, Krugman no está de acuerdo con Trichet.
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Paul KRUGMAN: Punishing the Jobless
En NYTimes.com [04/07/2010]
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Punishing the Jobless
By PAUL KRUGMAN
Published: July 4, 2010
There was a time when everyone took it for granted that unemployment insurance, which normally terminates after 26 weeks, would be extended in times of persistent joblessness. It was, most people agreed, the decent thing to do.
But that was then. Today, American workers face the worst job market since the Great Depression, with five job seekers for every job opening, with the average spell of unemployment now at 35 weeks. Yet the Senate went home for the holiday weekend without extending benefits. How was that possible?
The answer is that we’re facing a coalition of the heartless, the clueless and the confused. Nothing can be done about the first group, and probably not much about the second. But maybe it’s possible to clear up some of the confusion.
By the heartless, I mean Republicans who have made the cynical calculation that blocking anything President Obama tries to do — including, or perhaps especially, anything that might alleviate the nation’s economic pain — improves their chances in the midterm elections. Don’t pretend to be shocked: you know they’re out there, and make up a large share of the G.O.P. caucus.
By the clueless I mean people like Sharron Angle, the Republican candidate for senator from Nevada, who has repeatedly insisted that the unemployed are deliberately choosing to stay jobless, so that they can keep collecting benefits. A sample remark: “You can make more money on unemployment than you can going down and getting one of those jobs that is an honest job but it doesn’t pay as much. We’ve put in so much entitlement into our government that we really have spoiled our citizenry.”
Now, I don’t have the impression that unemployed Americans are spoiled; desperate seems more like it. One doubts, however, that any amount of evidence could change Ms. Angle’s view of the world — and there are, unfortunately, a lot of people in our political class just like her.
But there are also, one hopes, at least a few political players who are honestly misinformed about what unemployment benefits do — who believe, for example, that Senator Jon Kyl, Republican of Arizona, was making sense when he declared that extending benefits would make unemployment worse, because “continuing to pay people unemployment compensation is a disincentive for them to seek new work.” So let’s talk about why that belief is dead wrong.
Do unemployment benefits reduce the incentive to seek work? Yes: workers receiving unemployment benefits aren’t quite as desperate as workers without benefits, and are likely to be slightly more choosy about accepting new jobs. The operative word here is “slightly”: recent economic research suggests that the effect of unemployment benefits on worker behavior is much weaker than was previously believed. Still, it’s a real effect when the economy is doing well.
But it’s an effect that is completely irrelevant to our current situation. When the economy is booming, and lack of sufficient willing workers is limiting growth, generous unemployment benefits may keep employment lower than it would have been otherwise. But as you may have noticed, right now the economy isn’t booming — again, there are five unemployed workers for every job opening. Cutting off benefits to the unemployed will make them even more desperate for work — but they can’t take jobs that aren’t there.
Wait: there’s more. One main reason there aren’t enough jobs right now is weak consumer demand. Helping the unemployed, by putting money in the pockets of people who badly need it, helps support consumer spending. That’s why the Congressional Budget Office rates aid to the unemployed as a highly cost-effective form of economic stimulus. And unlike, say, large infrastructure projects, aid to the unemployed creates jobs quickly — while allowing that aid to lapse, which is what is happening right now, is a recipe for even weaker job growth, not in the distant future but over the next few months.
But won’t extending unemployment benefits worsen the budget deficit? Yes, slightly — but as I and others have been arguing at length, penny-pinching in the midst of a severely depressed economy is no way to deal with our long-run budget problems. And penny-pinching at the expense of the unemployed is cruel as well as misguided.
So, is there any chance that these arguments will get through? Not, I fear, to Republicans: “It is difficult to get a man to understand something,” said Upton Sinclair, “when his salary” — or, in this case, his hope of retaking Congress — “depends upon his not understanding it.” But there are also centrist Democrats who have bought into the arguments against helping the unemployed. It’s up to them to step back, realize that they have been misled — and do the right thing by passing extended benefits.
Lo que Krugman viene a decir:
Es cierto que el subsidio de desempleo desincentiva ligeramente la búsqueda de empleo: cuando la economía está en expansión y la falta de personas dispuestas a trabajar está limitando el crecimiento, un subsidio de desempleo generoso puede mantener el empleo por debajo del nivel que tendría en otro caso. Pero actualmente la economía no está en expansión y reducir el subsidio de desempleo sólo aumenta la desesperación de los parados, que no pueden tomar empleos que no existen.
Además, una de las principales razones por las que ahora mismo no hay suficiente empleo es la debilidad de la demanda de consumo. El subsidio de desempleo ayuda a incrementar el gasto de los consumidores, lo que crea empleos rápidamente- a diferencia de lo que ocurre con los grandes proyectos de infraestructura.
También es cierto que extender el subsidio de desempleo empeorará el déficit presupuestario ligeramente. Pero racanear en medio de una depresión económica severa no es la forma de tratar los problemas presupuestarios de largo plazo. Y racanear a costa de los desempleados es tan cruel como equivocado.
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Punishing the Jobless
By PAUL KRUGMAN
Published: July 4, 2010
There was a time when everyone took it for granted that unemployment insurance, which normally terminates after 26 weeks, would be extended in times of persistent joblessness. It was, most people agreed, the decent thing to do.
But that was then. Today, American workers face the worst job market since the Great Depression, with five job seekers for every job opening, with the average spell of unemployment now at 35 weeks. Yet the Senate went home for the holiday weekend without extending benefits. How was that possible?
The answer is that we’re facing a coalition of the heartless, the clueless and the confused. Nothing can be done about the first group, and probably not much about the second. But maybe it’s possible to clear up some of the confusion.
By the heartless, I mean Republicans who have made the cynical calculation that blocking anything President Obama tries to do — including, or perhaps especially, anything that might alleviate the nation’s economic pain — improves their chances in the midterm elections. Don’t pretend to be shocked: you know they’re out there, and make up a large share of the G.O.P. caucus.
By the clueless I mean people like Sharron Angle, the Republican candidate for senator from Nevada, who has repeatedly insisted that the unemployed are deliberately choosing to stay jobless, so that they can keep collecting benefits. A sample remark: “You can make more money on unemployment than you can going down and getting one of those jobs that is an honest job but it doesn’t pay as much. We’ve put in so much entitlement into our government that we really have spoiled our citizenry.”
Now, I don’t have the impression that unemployed Americans are spoiled; desperate seems more like it. One doubts, however, that any amount of evidence could change Ms. Angle’s view of the world — and there are, unfortunately, a lot of people in our political class just like her.
But there are also, one hopes, at least a few political players who are honestly misinformed about what unemployment benefits do — who believe, for example, that Senator Jon Kyl, Republican of Arizona, was making sense when he declared that extending benefits would make unemployment worse, because “continuing to pay people unemployment compensation is a disincentive for them to seek new work.” So let’s talk about why that belief is dead wrong.
Do unemployment benefits reduce the incentive to seek work? Yes: workers receiving unemployment benefits aren’t quite as desperate as workers without benefits, and are likely to be slightly more choosy about accepting new jobs. The operative word here is “slightly”: recent economic research suggests that the effect of unemployment benefits on worker behavior is much weaker than was previously believed. Still, it’s a real effect when the economy is doing well.
But it’s an effect that is completely irrelevant to our current situation. When the economy is booming, and lack of sufficient willing workers is limiting growth, generous unemployment benefits may keep employment lower than it would have been otherwise. But as you may have noticed, right now the economy isn’t booming — again, there are five unemployed workers for every job opening. Cutting off benefits to the unemployed will make them even more desperate for work — but they can’t take jobs that aren’t there.
Wait: there’s more. One main reason there aren’t enough jobs right now is weak consumer demand. Helping the unemployed, by putting money in the pockets of people who badly need it, helps support consumer spending. That’s why the Congressional Budget Office rates aid to the unemployed as a highly cost-effective form of economic stimulus. And unlike, say, large infrastructure projects, aid to the unemployed creates jobs quickly — while allowing that aid to lapse, which is what is happening right now, is a recipe for even weaker job growth, not in the distant future but over the next few months.
But won’t extending unemployment benefits worsen the budget deficit? Yes, slightly — but as I and others have been arguing at length, penny-pinching in the midst of a severely depressed economy is no way to deal with our long-run budget problems. And penny-pinching at the expense of the unemployed is cruel as well as misguided.
So, is there any chance that these arguments will get through? Not, I fear, to Republicans: “It is difficult to get a man to understand something,” said Upton Sinclair, “when his salary” — or, in this case, his hope of retaking Congress — “depends upon his not understanding it.” But there are also centrist Democrats who have bought into the arguments against helping the unemployed. It’s up to them to step back, realize that they have been misled — and do the right thing by passing extended benefits.
sábado, 3 de julio de 2010
España: La Administración central suprimirá 10.600 empleos para ahorrar 250 millones
En Cincodias.com [03/07/2010]
El Gobierno suprimirá 10.600 empleos en la Administración General del Estado hasta 2013, para ahorrar 250 millones de euros en tres años. El Consejo de Ministros aprobó el viernes la reducción del número máximo de vacantes del 8% al 5% a través de la amortización o supresión de estas plazas, que evitará "desviaciones al alza" en los salarios de los empleados públicos. Así lo aseguró la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tras anunciar también la creación del Observatorio del Empleo Público que servirá para analizar la situación del empleo en las administraciones, su estructura y servicios. El nuevo Observatorio "no acarreará costes adicionales" a las arcas públicas y será un foro de intercambio de información para hacer "más eficiente" la AGE.
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El Gobierno suprimirá 10.600 empleos en la Administración General del Estado hasta 2013, para ahorrar 250 millones de euros en tres años. El Consejo de Ministros aprobó el viernes la reducción del número máximo de vacantes del 8% al 5% a través de la amortización o supresión de estas plazas, que evitará "desviaciones al alza" en los salarios de los empleados públicos. Así lo aseguró la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tras anunciar también la creación del Observatorio del Empleo Público que servirá para analizar la situación del empleo en las administraciones, su estructura y servicios. El nuevo Observatorio "no acarreará costes adicionales" a las arcas públicas y será un foro de intercambio de información para hacer "más eficiente" la AGE.
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viernes, 2 de julio de 2010
Rumanía despide a 60.000 funcionarios para ahorrar gastos
En Cincodias.com [02/07/2010]
El Gobierno rumano despedirá a unos 60.000 funcionarios dentro de su plan de ahorro para controlar el déficit público y cumplir las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir los 8.000 millones que restan del crédito de 200.000 millones.
La medida, anunciada por el ministro del Interior, Vasile Blaga, se suma al recorte de los salarios a los funcionarios (un 25%), la bajada de las pensiones (un 15%) y a la subida de cinco puntos del IVA. Blaga explicó que el recorte en la plantilla de empleados públicos afectará a funcionarios de las Administraciones local y estatal.
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El Gobierno rumano despedirá a unos 60.000 funcionarios dentro de su plan de ahorro para controlar el déficit público y cumplir las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir los 8.000 millones que restan del crédito de 200.000 millones.
La medida, anunciada por el ministro del Interior, Vasile Blaga, se suma al recorte de los salarios a los funcionarios (un 25%), la bajada de las pensiones (un 15%) y a la subida de cinco puntos del IVA. Blaga explicó que el recorte en la plantilla de empleados públicos afectará a funcionarios de las Administraciones local y estatal.
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España: El paro bajó en junio por tercer mes consecutivo, con 83.834 parados menos
En Cincodias.com [02/07/2010]
El desempleo registrado en los Servicios Públicos de Empleo bajó en junio por tercer mes consecutivo y registró 83.834 parados menos respecto al mes anterior, lo que situó el número total de desempleados en 3.982.368 (-2,06%).
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El desempleo registrado en los Servicios Públicos de Empleo bajó en junio por tercer mes consecutivo y registró 83.834 parados menos respecto al mes anterior, lo que situó el número total de desempleados en 3.982.368 (-2,06%).
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España: El número de afiliados a la seguridad social subió en 23.884 en junio
En Cincodias.com [02/07/2010]
Junio ha sido el quinto mes consecutivo en el que se ha producido un incremento de la afiliación, lo que permite en "este año de transición" la recuperación de 948.763 registrados.
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Junio ha sido el quinto mes consecutivo en el que se ha producido un incremento de la afiliación, lo que permite en "este año de transición" la recuperación de 948.763 registrados.
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China revisa al alza el crecimiento del PIB en 2009
En Cincodias.com [02/07/2010]
La economía de China creció un 9,1% durante el año 2009, cuatro décimas más del 8,7% que se había estimado para ese periodo, según comunicó hoy el Buró Nacional de Estadísticas tras su revisión anual del dato.
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La economía de China creció un 9,1% durante el año 2009, cuatro décimas más del 8,7% que se había estimado para ese periodo, según comunicó hoy el Buró Nacional de Estadísticas tras su revisión anual del dato.
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Europa: El desempleo de la zona euro permanece estable y se sitúa en el 10% en mayo
En Cincodias.com [02/07/2010]
El desempleo en la zona euro permaneció estable al situarse en el 10% de la población activa en mayo en comparación con abril, un mes en el que España volvió a ser el país con más paro al registrar el 19,9%.
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El desempleo en la zona euro permaneció estable al situarse en el 10% de la población activa en mayo en comparación con abril, un mes en el que España volvió a ser el país con más paro al registrar el 19,9%.
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España: ¿Efectos de la reforma laboral? Sube la contratación temporal y baja la indefinida
En Cincodias.com [02/07/2010]
La cifra de contratos indefinidos es la más baja de todo lo que llevamos de año, todo lo que contrario que los temporales, que en términos interanuales crecen un 2,73%.
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La cifra de contratos indefinidos es la más baja de todo lo que llevamos de año, todo lo que contrario que los temporales, que en términos interanuales crecen un 2,73%.
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EE UU destruyó en junio 125.000 empleos netos y su tasa de paro se rebaja hasta el 9,5%
En Cincodias.com [02/07/2010]
Por primera vez en lo que va de año, se registró una destrucción neta de empleo en EE UU aunque la mayor parte de ellos fueron en el sector público ya que el Gobierno despidió a buena parte de la plantilla temporal que había contratado para elaborar las cifras del censo (que se hace cada diez años) y que en meses precedentes había elevado al alza las cifras de contratación.
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Por primera vez en lo que va de año, se registró una destrucción neta de empleo en EE UU aunque la mayor parte de ellos fueron en el sector público ya que el Gobierno despidió a buena parte de la plantilla temporal que había contratado para elaborar las cifras del censo (que se hace cada diez años) y que en meses precedentes había elevado al alza las cifras de contratación.
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miércoles, 30 de junio de 2010
Reino Unido: 1,3 millones de empleos podrían desaparecer por los recortes en el Reino Unido.
En Cincodias.com
Hasta 1,3 millones de empleos podrían desaparecer en el Reino Unido de aquí a 2015 a consecuencia de los recortes presupuestarios anunciados por el Gobierno del primer ministro, David Cameron.
Así lo indican cifras manejadas por el Ministerio de Finanzas y filtradas al diario The Guardian, según las cuales cada uno de los cinco próximos años podrían eliminarse 120.000 empleos del sector público y 140.000 del privado.
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Hasta 1,3 millones de empleos podrían desaparecer en el Reino Unido de aquí a 2015 a consecuencia de los recortes presupuestarios anunciados por el Gobierno del primer ministro, David Cameron.
Así lo indican cifras manejadas por el Ministerio de Finanzas y filtradas al diario The Guardian, según las cuales cada uno de los cinco próximos años podrían eliminarse 120.000 empleos del sector público y 140.000 del privado.
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jueves, 24 de junio de 2010
Reino Unido: El Gobierno británico retrasará a los 66 años la edad de jubilación en 2016
En Cincodias.com
El Gobierno británico retrasará en un año hasta los 66 la edad de jubilación para los varones a partir de 2016, según adelanta hoy la BBC.
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El Gobierno británico retrasará en un año hasta los 66 la edad de jubilación para los varones a partir de 2016, según adelanta hoy la BBC.
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miércoles, 23 de junio de 2010
Reino Unido: Cameron sube el IVA y el impuesto a la renta del capital y crea una tasa bancaria.
En Cincodias.com
Londres anunció ayer un durísimo ajuste fiscal que contempla una nueva subida de 2,5 puntos en el IVA, un nuevo impuesto para la banca y un aumento de hasta 10 puntos en el gravamen sobre los rendimientos del capital. A cambio, el Gobierno conservador-liberal reducirá progresivamente en cuatro puntos el impuesto de sociedades.
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Cameron enseña los dientes [Editorial de Cinco Días]
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Londres anunció ayer un durísimo ajuste fiscal que contempla una nueva subida de 2,5 puntos en el IVA, un nuevo impuesto para la banca y un aumento de hasta 10 puntos en el gravamen sobre los rendimientos del capital. A cambio, el Gobierno conservador-liberal reducirá progresivamente en cuatro puntos el impuesto de sociedades.
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Cameron enseña los dientes [Editorial de Cinco Días]
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jueves, 17 de junio de 2010
Reino Unido: El Gobierno británico anula proyectos previstos por valor de 2.000 millones
En Cincodias.com
El Gobierno del primer ministro David Cameron anunció hoy que ha anulado una serie de proyectos aprobados por el anterior Ejecutivo laborista desde principios de 2010 con un coste de 2.000 millones de libras (2.392 millones de euros).
La suspensión de estos proyectos, muchos de ellos para impulsar nuevas empresas o programas para desempleados, responde al plan del Gobierno de coalición de recortar el gasto público a fin de reducir el déficit estatal, que asciende a unos 156.000 millones de libras (177.840 millones de euros).
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El Gobierno del primer ministro David Cameron anunció hoy que ha anulado una serie de proyectos aprobados por el anterior Ejecutivo laborista desde principios de 2010 con un coste de 2.000 millones de libras (2.392 millones de euros).
La suspensión de estos proyectos, muchos de ellos para impulsar nuevas empresas o programas para desempleados, responde al plan del Gobierno de coalición de recortar el gasto público a fin de reducir el déficit estatal, que asciende a unos 156.000 millones de libras (177.840 millones de euros).
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lunes, 14 de junio de 2010
Reino Unido: Clegg afirma que Londres va a crear un impuesto a los bancos
En Cincodias.com
El viceprimer ministro británico, Nick Clegg, ha asegurado este lunes que el Gobierno británico tiene previsto crear un impuesto a los bancos porque estas entidades "jugaron un papel importante" en la actual crisis económica mundial. En todo caso, precisó, las medidas del Ejecutivo de David Cameron para enjugar el déficit público incidirán más en los gastos que en los ingresos.
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El viceprimer ministro británico, Nick Clegg, ha asegurado este lunes que el Gobierno británico tiene previsto crear un impuesto a los bancos porque estas entidades "jugaron un papel importante" en la actual crisis económica mundial. En todo caso, precisó, las medidas del Ejecutivo de David Cameron para enjugar el déficit público incidirán más en los gastos que en los ingresos.
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lunes, 7 de junio de 2010
Reino Unido: El primer ministro británico advierte que la deuda de Reino Unido es mayor
En Cincodias.com
El primer ministro británico, David Cameron, advirtió hoy de que el déficit público del Reino Unido está en "peor" situación de lo que se estimaba en un principio, por lo que el problema afectará el "modo de vida" de toda la población.
En un discurso pronunciado ante la prensa en la localidad de Milton Keynes, a las afueras de Londres, Cameron reiteró la difícil situación de las finanzas públicas, ya que el déficit asciende a 156.000 millones de libras (177.840 millones de euros). Acusó al anterior Gobierno del laborista Gordon Brown de gastar de manera "excesiva", y dijo que la actual administración de coalición tendrá que poner las cosas en orden.
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El primer ministro británico, David Cameron, advirtió hoy de que el déficit público del Reino Unido está en "peor" situación de lo que se estimaba en un principio, por lo que el problema afectará el "modo de vida" de toda la población.
En un discurso pronunciado ante la prensa en la localidad de Milton Keynes, a las afueras de Londres, Cameron reiteró la difícil situación de las finanzas públicas, ya que el déficit asciende a 156.000 millones de libras (177.840 millones de euros). Acusó al anterior Gobierno del laborista Gordon Brown de gastar de manera "excesiva", y dijo que la actual administración de coalición tendrá que poner las cosas en orden.
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miércoles, 26 de mayo de 2010
Miguel BOYER: La hora del ajuste y de las reformas laborales
En ELPAIS.com
Un contrato indefinido que funcione será imposible sin reducir la indemnización y generalizarlo a todos los que buscan trabajo. Esto reduciría la temporalidad actual y no afectaría a los derechos adquiridos
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Es muy importante en la política económica tener en cuenta lo adecuado para cada fase de una crisis. El año 2009 fue la fase de la caída más fuerte, en todos los países, y estos se esforzaron por poner en juego medidas expansivas, con estímulos presupuestarios y monetarios. Casi nadie había previsto en Europa la profundidad de la crisis y la Comisión Europea, en el otoño de 2008, esperaba variaciones nulas del PIB -no negativas- para Alemania, Francia, Italia y solo -0,2 para España en 2009, cuando la realidad fue muy otra: -4,9; -2,2; -4,8; y -3,6, respectivamente.
El Gobierno español tampoco previó la dimensión de la crisis en 2009, pero esto no puede reprochársele, porque nadie es capaz de prever el instante de un shock, ni la hondura de sus efectos. Sí pecó de sucesivos anuncios optimistas respecto a la salida de la crisis, que, al no cumplirse, desgastaron la confianza en él, más aún de lo que ya desgasta cualquier crisis.
Este error y otros de comunicación con los ciudadanos no impactaron mucho, afortunadamente, en la política económica: el Gobierno "sí hizo los deberes" y desarrolló un paquete de estímulos que, por su dimensión, fue el quinto de la OCDE, tras los de Japón, Estados Unidos, Canadá y Australia. Gracias a ellos, España tuvo la segunda caída menos mala del PIB, tras la francesa. Lo mismo hicieron todos los países, pese a las prédicas de los economistas de escuela hayekiana o rea-ganiana.
Las consecuencias de estos estímulos fueron unos déficits considerables y mayor endeudamiento, por todas partes. Ocurrió en países tan avanzados como Estados Unidos y Reino Unido, con déficit semejante al de España y más endeudamiento que ella.
En el otoño de 2009, el FMI y la OCDE, recomendaron a los Gobiernos mantener los estímulos para reforzar la incipiente recuperación y dejar para años posteriores los fuertes recortes de los déficits. Tanto es así que cuando la ministra Salgado preparó una subida del IVA muchos consideramos que era prematura. El tiempo le ha dado la razón: la desgracia griega, el negocio de los especuladores bajistas y las agencias de calificación, han desatado unas turbulencias financieras que han cambiado el panorama de las políticas económicas, de forma inesperada, en la primavera de 2010. La prioridad absoluta ha pasado, en toda Europa, de mantener estímulos a dar tajos al gasto público, para reducir aceleradamente los déficits.
Y de nuevo, el Gobierno está haciendo los deberes a su tiempo, con las duras medidas aprobadas el 20 de mayo. Quienes hablan de "medidas a destiempo y, por tanto, más duras", yerran. Estas medidas de ajuste no eran las propias para 2009, sino para la inesperada situación actual. Son imprescindibles y tendrán incluso que completarse con otras en el campo laboral.
Las orientaciones y medidas laborales más urgentes en el momento actual son las relativas al salario mínimo, a la negociación salarial y a poder contar con un contrato indefinido, con una indemnización por despido improcedente menor que la actual de 45 días, a comparar con los 30 días en Alemania.
Un salario mínimo demasiado alto, respecto a la remuneración media de los asalariados, tiene las consecuencias de impedir que sean contratadas las personas con menor formación profesional y la de mantener una tasa de paro estructural o mínimo muy alta. Esta es una de las ventajas de Estados Unidos frente a Europa, ya que su paro estructural es del 4,5%, frente a la media europea del 7% y el 10% de España (antes de la actual situación). No es progresista un crecimiento del salario mínimo mayor que el del salario medio, pues hará más difícil la reducción de la enorme bolsa de paro que ha dejado el desplome del ladrillo.
La descentralización de la negociación salarial viene recomendándose desde los años setenta del siglo XX, por la lógica económica que recomienda aproximar los salarios a las situaciones de cada empresa, en vez de a la media nacional. Los máximos representantes sindicales y empresariales deberían considerar el concertar una banda ancha indicativa, y dejar la fijación definitiva a la negociación en cada empresa, sin constricciones de los convenios regionales, de rama, etcétera.
Pero entre todos los problemas de la estructura laboral, el más importante ahora es el de establecer un contrato indefinido que reduzca la temporalidad.
El año pasado escribí un artículo sosteniendo que no era el momento -cuando estaban cayendo en el paro decenas de miles de trabajadores al mes- de plantear por el Gobierno a los sindicatos un nuevo contrato con indemnización reducida, que no iba a mejorar la situación. Hubiera parecido una provocación en una fase en la que no se hacían nuevos contratos, sino despidos. Ahora, esta medida es imprescindible.
La función fundamental de ese nuevo contrato es incentivar que el empleo que se cree sea estable y permita que los trabajadores adquieran una formación profesional, que las empresas se interesen en ellos y que les convenga no despedirlos en tiempos difíciles.
Las reformas laborales de 1984, de 1994 y de 1997 no consiguieron nada semejante. La primera incentivó y flexibi-lizó la contratación, pero al coste tremendo de aumentar la temporalidad: la tasa de temporalidad que era en 1983 del 4%, pasó a ser en 1993 del 33%. La reforma de 1994 intentó reducir la temporalidad, con nuevos contratos de aprendizaje y a tiempo parcial, sin conseguir el objetivo. Y la reforma de 1997, hecha por el PP, intentó de nuevo con un contrato indefinido, para personas entre 18 y 29 años, o de más de 45 años -¿y qué con los de 30 a 45?-, con indemnización de 33 días por año. Esta reforma tampoco varió la alta tasa de temporalidad. Como concluye Julio Segura en una excelente síntesis sobre estos fracasos, ha quedado demostrado que sin una reducción de la indemnización y una generalización a todos los que buscan trabajo será imposible un contrato indefinido que funcione.
¿Por qué es fundamental y necesario ahora ese contrato? A mi juicio, porque sería un pilar básico del cambio de modelo productivo que precisamos. La contracción de la construcción en 5 o 6 puntos del PIB, exige una formación de los trabajadores mucho mejor que la anterior, para nutrir el aparato productivo. Sin esto, la tasa de paro estructural, se mantendrá por encima del 10%. El Gobierno y los sindicatos que, con razón, desean una economía más productiva y con caídas soportables del empleo en tiempos difíciles, tienen una responsabilidad enorme.
¿En qué dañaría, si se respetan los derechos que tienen los trabajadores actuales, que se establezca un nuevo contrato, para asentar una economía de mayor estabilidad y productividad? ¿Cómo va a ser peor una contratación indefinida, aun con menor indemnización por despido, que la situación actual de un 50% de los jóvenes, sin arraigo en las empresas y despedidos cada 6 o 12 meses, o, incluso cada semana?
Un Gobierno puede pagar un coste electoral si afronta sus obligaciones en situaciones críticas, pero su deber y su grandeza es afrontarlas. No es inevitable que sea incomprendido por los ciudadanos. El ajuste y las reestructuraciones que tuvimos que hacer en 1983 y 1984 fueron muy duros y, sin embargo, Felipe González gobernó 12 años más. Una encuesta reciente de EL PAÍS, mostraba que más del 60% de los ciudadanos se quejaban -son humanos- de las medidas presentadas por Rodríguez Zapatero. Y, a renglón seguido, el 60% de ellos quería que la oposición apoyase estas medidas.
Como en la Transición y en las terribles crisis del petróleo quizá sepamos encontrar, en este momento tan difícil suficiente sensatez y solidaridad colectiva para posponer las bregas partidistas y unir las fuerzas para un nuevo gran éxito.
P. S. Después de enviar el anterior texto, he conocido la nota tosca y simplista del director del FMI. Lamento la coincidencia y espero que el señor Strauss-Kahn emplee el mismo tono y estilo cuando se presente a presidente de Francia, asegurándose así un fracaso, para bien de sus conciudadanos.
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Un contrato indefinido que funcione será imposible sin reducir la indemnización y generalizarlo a todos los que buscan trabajo. Esto reduciría la temporalidad actual y no afectaría a los derechos adquiridos
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Es muy importante en la política económica tener en cuenta lo adecuado para cada fase de una crisis. El año 2009 fue la fase de la caída más fuerte, en todos los países, y estos se esforzaron por poner en juego medidas expansivas, con estímulos presupuestarios y monetarios. Casi nadie había previsto en Europa la profundidad de la crisis y la Comisión Europea, en el otoño de 2008, esperaba variaciones nulas del PIB -no negativas- para Alemania, Francia, Italia y solo -0,2 para España en 2009, cuando la realidad fue muy otra: -4,9; -2,2; -4,8; y -3,6, respectivamente.
El Gobierno español tampoco previó la dimensión de la crisis en 2009, pero esto no puede reprochársele, porque nadie es capaz de prever el instante de un shock, ni la hondura de sus efectos. Sí pecó de sucesivos anuncios optimistas respecto a la salida de la crisis, que, al no cumplirse, desgastaron la confianza en él, más aún de lo que ya desgasta cualquier crisis.
Este error y otros de comunicación con los ciudadanos no impactaron mucho, afortunadamente, en la política económica: el Gobierno "sí hizo los deberes" y desarrolló un paquete de estímulos que, por su dimensión, fue el quinto de la OCDE, tras los de Japón, Estados Unidos, Canadá y Australia. Gracias a ellos, España tuvo la segunda caída menos mala del PIB, tras la francesa. Lo mismo hicieron todos los países, pese a las prédicas de los economistas de escuela hayekiana o rea-ganiana.
Las consecuencias de estos estímulos fueron unos déficits considerables y mayor endeudamiento, por todas partes. Ocurrió en países tan avanzados como Estados Unidos y Reino Unido, con déficit semejante al de España y más endeudamiento que ella.
En el otoño de 2009, el FMI y la OCDE, recomendaron a los Gobiernos mantener los estímulos para reforzar la incipiente recuperación y dejar para años posteriores los fuertes recortes de los déficits. Tanto es así que cuando la ministra Salgado preparó una subida del IVA muchos consideramos que era prematura. El tiempo le ha dado la razón: la desgracia griega, el negocio de los especuladores bajistas y las agencias de calificación, han desatado unas turbulencias financieras que han cambiado el panorama de las políticas económicas, de forma inesperada, en la primavera de 2010. La prioridad absoluta ha pasado, en toda Europa, de mantener estímulos a dar tajos al gasto público, para reducir aceleradamente los déficits.
Y de nuevo, el Gobierno está haciendo los deberes a su tiempo, con las duras medidas aprobadas el 20 de mayo. Quienes hablan de "medidas a destiempo y, por tanto, más duras", yerran. Estas medidas de ajuste no eran las propias para 2009, sino para la inesperada situación actual. Son imprescindibles y tendrán incluso que completarse con otras en el campo laboral.
Las orientaciones y medidas laborales más urgentes en el momento actual son las relativas al salario mínimo, a la negociación salarial y a poder contar con un contrato indefinido, con una indemnización por despido improcedente menor que la actual de 45 días, a comparar con los 30 días en Alemania.
Un salario mínimo demasiado alto, respecto a la remuneración media de los asalariados, tiene las consecuencias de impedir que sean contratadas las personas con menor formación profesional y la de mantener una tasa de paro estructural o mínimo muy alta. Esta es una de las ventajas de Estados Unidos frente a Europa, ya que su paro estructural es del 4,5%, frente a la media europea del 7% y el 10% de España (antes de la actual situación). No es progresista un crecimiento del salario mínimo mayor que el del salario medio, pues hará más difícil la reducción de la enorme bolsa de paro que ha dejado el desplome del ladrillo.
La descentralización de la negociación salarial viene recomendándose desde los años setenta del siglo XX, por la lógica económica que recomienda aproximar los salarios a las situaciones de cada empresa, en vez de a la media nacional. Los máximos representantes sindicales y empresariales deberían considerar el concertar una banda ancha indicativa, y dejar la fijación definitiva a la negociación en cada empresa, sin constricciones de los convenios regionales, de rama, etcétera.
Pero entre todos los problemas de la estructura laboral, el más importante ahora es el de establecer un contrato indefinido que reduzca la temporalidad.
El año pasado escribí un artículo sosteniendo que no era el momento -cuando estaban cayendo en el paro decenas de miles de trabajadores al mes- de plantear por el Gobierno a los sindicatos un nuevo contrato con indemnización reducida, que no iba a mejorar la situación. Hubiera parecido una provocación en una fase en la que no se hacían nuevos contratos, sino despidos. Ahora, esta medida es imprescindible.
La función fundamental de ese nuevo contrato es incentivar que el empleo que se cree sea estable y permita que los trabajadores adquieran una formación profesional, que las empresas se interesen en ellos y que les convenga no despedirlos en tiempos difíciles.
Las reformas laborales de 1984, de 1994 y de 1997 no consiguieron nada semejante. La primera incentivó y flexibi-lizó la contratación, pero al coste tremendo de aumentar la temporalidad: la tasa de temporalidad que era en 1983 del 4%, pasó a ser en 1993 del 33%. La reforma de 1994 intentó reducir la temporalidad, con nuevos contratos de aprendizaje y a tiempo parcial, sin conseguir el objetivo. Y la reforma de 1997, hecha por el PP, intentó de nuevo con un contrato indefinido, para personas entre 18 y 29 años, o de más de 45 años -¿y qué con los de 30 a 45?-, con indemnización de 33 días por año. Esta reforma tampoco varió la alta tasa de temporalidad. Como concluye Julio Segura en una excelente síntesis sobre estos fracasos, ha quedado demostrado que sin una reducción de la indemnización y una generalización a todos los que buscan trabajo será imposible un contrato indefinido que funcione.
¿Por qué es fundamental y necesario ahora ese contrato? A mi juicio, porque sería un pilar básico del cambio de modelo productivo que precisamos. La contracción de la construcción en 5 o 6 puntos del PIB, exige una formación de los trabajadores mucho mejor que la anterior, para nutrir el aparato productivo. Sin esto, la tasa de paro estructural, se mantendrá por encima del 10%. El Gobierno y los sindicatos que, con razón, desean una economía más productiva y con caídas soportables del empleo en tiempos difíciles, tienen una responsabilidad enorme.
¿En qué dañaría, si se respetan los derechos que tienen los trabajadores actuales, que se establezca un nuevo contrato, para asentar una economía de mayor estabilidad y productividad? ¿Cómo va a ser peor una contratación indefinida, aun con menor indemnización por despido, que la situación actual de un 50% de los jóvenes, sin arraigo en las empresas y despedidos cada 6 o 12 meses, o, incluso cada semana?
Un Gobierno puede pagar un coste electoral si afronta sus obligaciones en situaciones críticas, pero su deber y su grandeza es afrontarlas. No es inevitable que sea incomprendido por los ciudadanos. El ajuste y las reestructuraciones que tuvimos que hacer en 1983 y 1984 fueron muy duros y, sin embargo, Felipe González gobernó 12 años más. Una encuesta reciente de EL PAÍS, mostraba que más del 60% de los ciudadanos se quejaban -son humanos- de las medidas presentadas por Rodríguez Zapatero. Y, a renglón seguido, el 60% de ellos quería que la oposición apoyase estas medidas.
Como en la Transición y en las terribles crisis del petróleo quizá sepamos encontrar, en este momento tan difícil suficiente sensatez y solidaridad colectiva para posponer las bregas partidistas y unir las fuerzas para un nuevo gran éxito.
P. S. Después de enviar el anterior texto, he conocido la nota tosca y simplista del director del FMI. Lamento la coincidencia y espero que el señor Strauss-Kahn emplee el mismo tono y estilo cuando se presente a presidente de Francia, asegurándose así un fracaso, para bien de sus conciudadanos.
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José Ignacio TORREBLANCA: 'Hardware' y 'software'
En ELPAIS.com
Los países son como los ordenadores: necesitan tanto unas buenas infraestructuras (el hardware) como personas capacitadas para obtener el máximo rendimiento de ellas (el software). Como cualquier usuario de informática sabe, de nada sirve comprar el último ordenador disponible en el mercado si uno no reserva el suficiente dinero para adquirir los programas informáticos que lo harán funcionar. Pues igual que un ordenador sin programas no es más que una caja tonta, cabe preguntarse si un país que tenga el mayor número de kilómetros de vías de alta velocidad de Europa y, a la vez, más de cuatro millones y medio de parados y un gasto ridículo en innovación y desarrollo, es también una caja tonta.
En el año 2009, España no solo invirtió en infraestructuras el triple que Alemania (1,79% del PIB frente a 0,69%), sino que como hemos conocido por boca del propio Ministro de Fomento, esas inversiones se realizaban sin "el análisis de la previsión de la demanda para valorar la viabilidad económica de las obras o el estudio de las necesidades de mantenimiento".
Así que mientras que el Gobierno se gastaba una parte de los 17.200 millones anuales de presupuesto para infraestructuras en lindezas como una doble entrada de alta velocidad a Galicia o Cantabria, España seguía sin una red pública de educación infantil (0-3 años), contaba con una red de escuelas de Primaria que en su mayoría datan de los años sesenta, soportaba un fracaso escolar del 30% en la Educación Secundaria Obligatoria, disponía de una Formación Profesional víctima de un abandono histórico, no contaba con ninguna de sus 77 universidades entre las primeras 150 del mundo y se conformaba con unos servicios de empleo incapaces de gestionar de forma ágil y flexible el reciclaje formativo de los desempleos para orientarlos a nuevos empleos.
Haría falta un estudio en profundidad para ver cómo y por qué se han asignado las prioridades de gasto en este país, pero el resultado es claro: mucho hardware y poco software (y, por añadidura, poco gasto social).
Cuando en 1986 me matriculé en el último curso de Bachillerato en el instituto público de Hillerød, una pequeña población de unos 30.000 habitantes al norte de Copenhague, mi sorpresa fue mayúscula: en mi instituto danés, además de tener menos de 20 alumnos en clase, se impartían tres idiomas, había piscina cubierta, varios campos de fútbol, aula de teatro y clases de 10 o 12 instrumentos musicales.
Sin embargo, las carreteras danesas eran solo regulares, y sus trenes de cercanías, aunque puntuales, estaban viejos. Cruzar el país era una pesadilla, pues cada pocos kilómetros tenías que meter el coche en un transbordador para cruzar de una isla a otra. Eso sí, la asistencia dental era gratuita para todos los daneses, su sistema de becas fantástico y su red pública de residencias de ancianos sencillamente apabullante.
No he mirado cuál era la renta per cápita de Dinamarca en 1986, pero imagino que no sería muy distinta de la de España hoy en día. Los daneses tardaron bastantes años y dudaron mucho a la hora de construir los grandes puentes que los unen hoy con Escandinavia y con el continente, ya que los costes eran enormes y las prioridades educativas y de bienestar estaban claras.
Hoy siguen siendo uno de los países más ricos del mundo, con mejores niveles educativos y con tasas de paro ridículamente bajas, a la vez que una de las sociedades más igualitarias.
Al otro extremo de Europa, en España, teníamos unas infraestructuras penosas que era necesario modernizar, pues suponían una de las razones de nuestro histórico atraso. Sin embargo, parece que no supimos o no quisimos parar. La airada reacción del presidente de Cantabria ante el anuncio de la suspensión del proyecto del AVE Palencia-Cantabria, advirtiendo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que los cántabros no tolerarán "la humillación" (sic) de ir a Madrid en alta velocidad pasando por Bilbao, muestra todavía hasta qué punto a este país se le han subido las infraestructuras a la cabeza en detrimento del gasto social o educativo.
Si España quiere tener algún futuro, debería revisar aún más profundamente sus prioridades de gasto y sus actitudes hacia la educación. De lo contrario, seguirá siendo ese país que un ex ministro de Exteriores alemán describió irónicamente como "un precioso país lleno de autopistas vacías". jitorreblanca@ecfr.eu
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Los países son como los ordenadores: necesitan tanto unas buenas infraestructuras (el hardware) como personas capacitadas para obtener el máximo rendimiento de ellas (el software). Como cualquier usuario de informática sabe, de nada sirve comprar el último ordenador disponible en el mercado si uno no reserva el suficiente dinero para adquirir los programas informáticos que lo harán funcionar. Pues igual que un ordenador sin programas no es más que una caja tonta, cabe preguntarse si un país que tenga el mayor número de kilómetros de vías de alta velocidad de Europa y, a la vez, más de cuatro millones y medio de parados y un gasto ridículo en innovación y desarrollo, es también una caja tonta.
En el año 2009, España no solo invirtió en infraestructuras el triple que Alemania (1,79% del PIB frente a 0,69%), sino que como hemos conocido por boca del propio Ministro de Fomento, esas inversiones se realizaban sin "el análisis de la previsión de la demanda para valorar la viabilidad económica de las obras o el estudio de las necesidades de mantenimiento".
Así que mientras que el Gobierno se gastaba una parte de los 17.200 millones anuales de presupuesto para infraestructuras en lindezas como una doble entrada de alta velocidad a Galicia o Cantabria, España seguía sin una red pública de educación infantil (0-3 años), contaba con una red de escuelas de Primaria que en su mayoría datan de los años sesenta, soportaba un fracaso escolar del 30% en la Educación Secundaria Obligatoria, disponía de una Formación Profesional víctima de un abandono histórico, no contaba con ninguna de sus 77 universidades entre las primeras 150 del mundo y se conformaba con unos servicios de empleo incapaces de gestionar de forma ágil y flexible el reciclaje formativo de los desempleos para orientarlos a nuevos empleos.
Haría falta un estudio en profundidad para ver cómo y por qué se han asignado las prioridades de gasto en este país, pero el resultado es claro: mucho hardware y poco software (y, por añadidura, poco gasto social).
Cuando en 1986 me matriculé en el último curso de Bachillerato en el instituto público de Hillerød, una pequeña población de unos 30.000 habitantes al norte de Copenhague, mi sorpresa fue mayúscula: en mi instituto danés, además de tener menos de 20 alumnos en clase, se impartían tres idiomas, había piscina cubierta, varios campos de fútbol, aula de teatro y clases de 10 o 12 instrumentos musicales.
Sin embargo, las carreteras danesas eran solo regulares, y sus trenes de cercanías, aunque puntuales, estaban viejos. Cruzar el país era una pesadilla, pues cada pocos kilómetros tenías que meter el coche en un transbordador para cruzar de una isla a otra. Eso sí, la asistencia dental era gratuita para todos los daneses, su sistema de becas fantástico y su red pública de residencias de ancianos sencillamente apabullante.
No he mirado cuál era la renta per cápita de Dinamarca en 1986, pero imagino que no sería muy distinta de la de España hoy en día. Los daneses tardaron bastantes años y dudaron mucho a la hora de construir los grandes puentes que los unen hoy con Escandinavia y con el continente, ya que los costes eran enormes y las prioridades educativas y de bienestar estaban claras.
Hoy siguen siendo uno de los países más ricos del mundo, con mejores niveles educativos y con tasas de paro ridículamente bajas, a la vez que una de las sociedades más igualitarias.
Al otro extremo de Europa, en España, teníamos unas infraestructuras penosas que era necesario modernizar, pues suponían una de las razones de nuestro histórico atraso. Sin embargo, parece que no supimos o no quisimos parar. La airada reacción del presidente de Cantabria ante el anuncio de la suspensión del proyecto del AVE Palencia-Cantabria, advirtiendo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que los cántabros no tolerarán "la humillación" (sic) de ir a Madrid en alta velocidad pasando por Bilbao, muestra todavía hasta qué punto a este país se le han subido las infraestructuras a la cabeza en detrimento del gasto social o educativo.
Si España quiere tener algún futuro, debería revisar aún más profundamente sus prioridades de gasto y sus actitudes hacia la educación. De lo contrario, seguirá siendo ese país que un ex ministro de Exteriores alemán describió irónicamente como "un precioso país lleno de autopistas vacías". jitorreblanca@ecfr.eu
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domingo, 21 de marzo de 2010
El País: Las verdades y las mentiras del IVA
Las verdades y las mentiras del IVA
Los expertos analizan los efectos de la polémica subida del impuesto
LUCÍA ABELLÁN - Marird - 21/03/2010
La tradicional cuesta de enero tendrá este año una réplica en verano. A las subidas que suelen experimentar los principales bienes y servicios en el arranque del año se sumarán a partir de julio las derivadas del nuevo IVA. La iniciativa parlamentaria del Partido Popular para dejar en suspenso la subida del 16% al 18% ha resucitado esta semana los pronósticos más catastrofistas respecto al impacto de esa medida en una economía aún renqueante. Más allá de la coincidencia en que el aumento del IVA en plena recesión es prematuro, se han esgrimido argumentos -que el consumidor sufrirá íntegramente la acometida fiscal o que la recaudación se resentirá- más atribuibles a la esfera del mito que de los hechos contrastables.
Lo que aglutina a casi todos los expertos es la objeción a los plazos. "El Gobierno tiene razón en subir impuestos, pero todavía estamos saliendo de la recesión; se ha adelantado en exceso", reflexiona Josep Oliver, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Como señal, se tenía que haber dejado hasta que hubiera signos de recuperación más explícitos", abunda Emilio Ontiveros, director de Analistas Financieros Internacionales. Es, además, un impuesto regresivo, pues grava igual a todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos. A partir de ahí, los matices se multiplican. Éstos son los principales elementos de reflexión.
- Imagen exterior. El momento de anunciar una subida del IVA ha obedecido más a la necesidad de transmitir una idea de país serio que a la idoneidad económica. Aunque el consumo esté debilitado y el Ejecutivo no logre domar el elevado desequilibrio fiscal (11,4% del PIB), los cambios fiscales tienen destinatarios claros. "Permitir que el déficit continúe en esos niveles sería irresponsable. Podría conducir a la situación de Grecia", advierte Vito Tanzi, uno de los grandes fiscalistas internacionales. El objetivo es que los inversores se crean que España está dispuesta a tomar medidas, aunque resulten impopulares. "A los mercados se les ha vendido que somos un país serio. Dar marcha atrás [en la subida] daría miedo", añade Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
- El bolsillo del consumidor. Esa mayor carga fiscal no repercutirá íntegramente en el consumidor. Diferentes sectores y empresas están anunciando que asumirán parte del incremento a costa de sus beneficios, por lo que previsiblemente el efecto no será tan brusco. Además, el IVA español tiene algo singular respecto a otros países. Sólo la mitad de la recaudación total proviene de bienes y servicios gravados con el tipo general, es decir, el que aumenta dos puntos. La otra mitad se recauda con los productos que soportan un tipo reducido y superreducido. El primero -se aplica, por ejemplo, a la vivienda nueva- pasa del 7% al 8%. Y el segundo, correspondiente a los alimentos, la prensa o los libros, permanece intacto en el 4%. El impacto, por tanto, distará de ser generalizado.
- ¿Más o menos recaudación? Uno de los argumentos esgrimidos para denostar la subida del IVA ha sido que, lejos de mejorar, los ingresos del Estado pueden menguar al elevar la tributación con la actual atonía del consumo. Pero las experiencias anteriores cuestionan esa afirmación. La subida más cercana en la mente de los ciudadanos es la que se aplicó en enero de 1995. Todos los tipos subieron un punto (el superreducido, del 3% al 4%; el reducido, del 6% al 7%, y el general, del 15% al 16%). Y aunque no mejoró tanto como previó el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, la recaudación avanzó casi un 6%. Cuando sí se resintieron los ingresos fue en 1993, año de recesión. Pero es que entonces, además de subir dos puntos el tipo general en agosto del año anterior, se eliminó el tipo incrementado, que gravaba artículos suntuosos, y se introdujo el superreducido para productos de primera necesidad. En realidad, el impacto global de ese reajuste del IVA fue una bajada efectiva del 10% en el impuesto, según un documento del Instituto de Estudios Fiscales (Método de análisis de la serie de IVA) publicado en 1997. Y la recaudación cayó un 11%, un poco más que el impuesto real.
Con la reforma que entra en vigor en julio, el Gobierno espera lograr 5.150 millones de euros más al año. Esa cifra corresponde a años completos, por lo que no se alcanzará este ejercicio, ya que el nuevo IVA se cobrará a partir de julio. El Ejecutivo ha previsto en sus Presupuestos arañar 1.900 millones más, una cantidad que puede resultar ilusoria si el consumo no despega.
- Gasolina para la inflación. Las anteriores subidas del IVA se produjeron en un contexto de fuertes subidas de precios, la tónica en la historia económica de España. Tanto en 1993, en plena recesión, como en 1995, año en que se asentó la recuperación, avanzaban a ritmos del entorno del 5%. Ahora, la inflación cae mes a mes y en el último año arroja una tímida evolución del 0,8%. El riesgo de un recalentamiento de precios como consecuencia del alza del impuesto es, por tanto, menor que en otras épocas.
El reto de hacer más con menos recursos
España se enfrenta a la peor crisis de su historia con menos herramientas fiscales que en otras épocas. En los últimos 10 años de bonanza económica, antes de que la recesión estallase, el país ha experimentado diferentes reformas fiscales con un solo objetivo: bajar los impuestos a los ciudadanos, una medida que el propio José Luis Rodríguez Zapatero llegó a considerar "de izquierdas". Con la carestía en las cuentas públicas, el Gobierno ha tenido que dar un giro radical a ese discurso promovido tanto por el Partido Popular como por el PSOE. Los datos azuzan: la presión fiscal ha caído casi tres puntos en un solo año, hasta situarse en el 30,4% del PIB en 2009.
Sin derrochar pedagogía aún, el Ejecutivo ha empezado a predicar las bondades de contar con recursos públicos. Tras bajar el IRPF, el impuesto de sociedades y eliminar el de patrimonio, la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, ha reconocido que quizá fue un error suprimir este último tributo cuando las dentelladas de la crisis eran ya evidentes, como también lo fue inyectar 400 euros del IRPF en el bolsillo de los ciudadanos. El fin de esa medida, impulsar el consumo, no se cumplió, como lo demuestra la evolución que ha experimentado la tasa de ahorro en este periodo. El porcentaje de la renta disponible que los españoles han destinado a la hucha ha subido a un máximo del 18,7%, la mayor cifra al menos desde el año 2000. Eso demuestra que la recuperación depende en gran medida de la confianza en que ésta se produzca.
Otro de los elementos que ayuda al Ejecutivo a defender la subida fiscal reside en la comparación europea. Sólo Luxemburgo y Chipre tienen un tipo general del IVA más bajo que el español, que aun con la subida al 18% seguirá estando por debajo de la media.
viernes, 19 de febrero de 2010
martes, 2 de febrero de 2010
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