En ELPAIS.com
Un contrato indefinido que funcione será imposible sin reducir la indemnización y generalizarlo a todos los que buscan trabajo. Esto reduciría la temporalidad actual y no afectaría a los derechos adquiridos
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Es muy importante en la política económica tener en cuenta lo adecuado para cada fase de una crisis. El año 2009 fue la fase de la caída más fuerte, en todos los países, y estos se esforzaron por poner en juego medidas expansivas, con estímulos presupuestarios y monetarios. Casi nadie había previsto en Europa la profundidad de la crisis y la Comisión Europea, en el otoño de 2008, esperaba variaciones nulas del PIB -no negativas- para Alemania, Francia, Italia y solo -0,2 para España en 2009, cuando la realidad fue muy otra: -4,9; -2,2; -4,8; y -3,6, respectivamente.
El Gobierno español tampoco previó la dimensión de la crisis en 2009, pero esto no puede reprochársele, porque nadie es capaz de prever el instante de un shock, ni la hondura de sus efectos. Sí pecó de sucesivos anuncios optimistas respecto a la salida de la crisis, que, al no cumplirse, desgastaron la confianza en él, más aún de lo que ya desgasta cualquier crisis.
Este error y otros de comunicación con los ciudadanos no impactaron mucho, afortunadamente, en la política económica: el Gobierno "sí hizo los deberes" y desarrolló un paquete de estímulos que, por su dimensión, fue el quinto de la OCDE, tras los de Japón, Estados Unidos, Canadá y Australia. Gracias a ellos, España tuvo la segunda caída menos mala del PIB, tras la francesa. Lo mismo hicieron todos los países, pese a las prédicas de los economistas de escuela hayekiana o rea-ganiana.
Las consecuencias de estos estímulos fueron unos déficits considerables y mayor endeudamiento, por todas partes. Ocurrió en países tan avanzados como Estados Unidos y Reino Unido, con déficit semejante al de España y más endeudamiento que ella.
En el otoño de 2009, el FMI y la OCDE, recomendaron a los Gobiernos mantener los estímulos para reforzar la incipiente recuperación y dejar para años posteriores los fuertes recortes de los déficits. Tanto es así que cuando la ministra Salgado preparó una subida del IVA muchos consideramos que era prematura. El tiempo le ha dado la razón: la desgracia griega, el negocio de los especuladores bajistas y las agencias de calificación, han desatado unas turbulencias financieras que han cambiado el panorama de las políticas económicas, de forma inesperada, en la primavera de 2010. La prioridad absoluta ha pasado, en toda Europa, de mantener estímulos a dar tajos al gasto público, para reducir aceleradamente los déficits.
Y de nuevo, el Gobierno está haciendo los deberes a su tiempo, con las duras medidas aprobadas el 20 de mayo. Quienes hablan de "medidas a destiempo y, por tanto, más duras", yerran. Estas medidas de ajuste no eran las propias para 2009, sino para la inesperada situación actual. Son imprescindibles y tendrán incluso que completarse con otras en el campo laboral.
Las orientaciones y medidas laborales más urgentes en el momento actual son las relativas al salario mínimo, a la negociación salarial y a poder contar con un contrato indefinido, con una indemnización por despido improcedente menor que la actual de 45 días, a comparar con los 30 días en Alemania.
Un salario mínimo demasiado alto, respecto a la remuneración media de los asalariados, tiene las consecuencias de impedir que sean contratadas las personas con menor formación profesional y la de mantener una tasa de paro estructural o mínimo muy alta. Esta es una de las ventajas de Estados Unidos frente a Europa, ya que su paro estructural es del 4,5%, frente a la media europea del 7% y el 10% de España (antes de la actual situación). No es progresista un crecimiento del salario mínimo mayor que el del salario medio, pues hará más difícil la reducción de la enorme bolsa de paro que ha dejado el desplome del ladrillo.
La descentralización de la negociación salarial viene recomendándose desde los años setenta del siglo XX, por la lógica económica que recomienda aproximar los salarios a las situaciones de cada empresa, en vez de a la media nacional. Los máximos representantes sindicales y empresariales deberían considerar el concertar una banda ancha indicativa, y dejar la fijación definitiva a la negociación en cada empresa, sin constricciones de los convenios regionales, de rama, etcétera.
Pero entre todos los problemas de la estructura laboral, el más importante ahora es el de establecer un contrato indefinido que reduzca la temporalidad.
El año pasado escribí un artículo sosteniendo que no era el momento -cuando estaban cayendo en el paro decenas de miles de trabajadores al mes- de plantear por el Gobierno a los sindicatos un nuevo contrato con indemnización reducida, que no iba a mejorar la situación. Hubiera parecido una provocación en una fase en la que no se hacían nuevos contratos, sino despidos. Ahora, esta medida es imprescindible.
La función fundamental de ese nuevo contrato es incentivar que el empleo que se cree sea estable y permita que los trabajadores adquieran una formación profesional, que las empresas se interesen en ellos y que les convenga no despedirlos en tiempos difíciles.
Las reformas laborales de 1984, de 1994 y de 1997 no consiguieron nada semejante. La primera incentivó y flexibi-lizó la contratación, pero al coste tremendo de aumentar la temporalidad: la tasa de temporalidad que era en 1983 del 4%, pasó a ser en 1993 del 33%. La reforma de 1994 intentó reducir la temporalidad, con nuevos contratos de aprendizaje y a tiempo parcial, sin conseguir el objetivo. Y la reforma de 1997, hecha por el PP, intentó de nuevo con un contrato indefinido, para personas entre 18 y 29 años, o de más de 45 años -¿y qué con los de 30 a 45?-, con indemnización de 33 días por año. Esta reforma tampoco varió la alta tasa de temporalidad. Como concluye Julio Segura en una excelente síntesis sobre estos fracasos, ha quedado demostrado que sin una reducción de la indemnización y una generalización a todos los que buscan trabajo será imposible un contrato indefinido que funcione.
¿Por qué es fundamental y necesario ahora ese contrato? A mi juicio, porque sería un pilar básico del cambio de modelo productivo que precisamos. La contracción de la construcción en 5 o 6 puntos del PIB, exige una formación de los trabajadores mucho mejor que la anterior, para nutrir el aparato productivo. Sin esto, la tasa de paro estructural, se mantendrá por encima del 10%. El Gobierno y los sindicatos que, con razón, desean una economía más productiva y con caídas soportables del empleo en tiempos difíciles, tienen una responsabilidad enorme.
¿En qué dañaría, si se respetan los derechos que tienen los trabajadores actuales, que se establezca un nuevo contrato, para asentar una economía de mayor estabilidad y productividad? ¿Cómo va a ser peor una contratación indefinida, aun con menor indemnización por despido, que la situación actual de un 50% de los jóvenes, sin arraigo en las empresas y despedidos cada 6 o 12 meses, o, incluso cada semana?
Un Gobierno puede pagar un coste electoral si afronta sus obligaciones en situaciones críticas, pero su deber y su grandeza es afrontarlas. No es inevitable que sea incomprendido por los ciudadanos. El ajuste y las reestructuraciones que tuvimos que hacer en 1983 y 1984 fueron muy duros y, sin embargo, Felipe González gobernó 12 años más. Una encuesta reciente de EL PAÍS, mostraba que más del 60% de los ciudadanos se quejaban -son humanos- de las medidas presentadas por Rodríguez Zapatero. Y, a renglón seguido, el 60% de ellos quería que la oposición apoyase estas medidas.
Como en la Transición y en las terribles crisis del petróleo quizá sepamos encontrar, en este momento tan difícil suficiente sensatez y solidaridad colectiva para posponer las bregas partidistas y unir las fuerzas para un nuevo gran éxito.
P. S. Después de enviar el anterior texto, he conocido la nota tosca y simplista del director del FMI. Lamento la coincidencia y espero que el señor Strauss-Kahn emplee el mismo tono y estilo cuando se presente a presidente de Francia, asegurándose así un fracaso, para bien de sus conciudadanos.
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miércoles, 26 de mayo de 2010
José Ignacio TORREBLANCA: 'Hardware' y 'software'
En ELPAIS.com
Los países son como los ordenadores: necesitan tanto unas buenas infraestructuras (el hardware) como personas capacitadas para obtener el máximo rendimiento de ellas (el software). Como cualquier usuario de informática sabe, de nada sirve comprar el último ordenador disponible en el mercado si uno no reserva el suficiente dinero para adquirir los programas informáticos que lo harán funcionar. Pues igual que un ordenador sin programas no es más que una caja tonta, cabe preguntarse si un país que tenga el mayor número de kilómetros de vías de alta velocidad de Europa y, a la vez, más de cuatro millones y medio de parados y un gasto ridículo en innovación y desarrollo, es también una caja tonta.
En el año 2009, España no solo invirtió en infraestructuras el triple que Alemania (1,79% del PIB frente a 0,69%), sino que como hemos conocido por boca del propio Ministro de Fomento, esas inversiones se realizaban sin "el análisis de la previsión de la demanda para valorar la viabilidad económica de las obras o el estudio de las necesidades de mantenimiento".
Así que mientras que el Gobierno se gastaba una parte de los 17.200 millones anuales de presupuesto para infraestructuras en lindezas como una doble entrada de alta velocidad a Galicia o Cantabria, España seguía sin una red pública de educación infantil (0-3 años), contaba con una red de escuelas de Primaria que en su mayoría datan de los años sesenta, soportaba un fracaso escolar del 30% en la Educación Secundaria Obligatoria, disponía de una Formación Profesional víctima de un abandono histórico, no contaba con ninguna de sus 77 universidades entre las primeras 150 del mundo y se conformaba con unos servicios de empleo incapaces de gestionar de forma ágil y flexible el reciclaje formativo de los desempleos para orientarlos a nuevos empleos.
Haría falta un estudio en profundidad para ver cómo y por qué se han asignado las prioridades de gasto en este país, pero el resultado es claro: mucho hardware y poco software (y, por añadidura, poco gasto social).
Cuando en 1986 me matriculé en el último curso de Bachillerato en el instituto público de Hillerød, una pequeña población de unos 30.000 habitantes al norte de Copenhague, mi sorpresa fue mayúscula: en mi instituto danés, además de tener menos de 20 alumnos en clase, se impartían tres idiomas, había piscina cubierta, varios campos de fútbol, aula de teatro y clases de 10 o 12 instrumentos musicales.
Sin embargo, las carreteras danesas eran solo regulares, y sus trenes de cercanías, aunque puntuales, estaban viejos. Cruzar el país era una pesadilla, pues cada pocos kilómetros tenías que meter el coche en un transbordador para cruzar de una isla a otra. Eso sí, la asistencia dental era gratuita para todos los daneses, su sistema de becas fantástico y su red pública de residencias de ancianos sencillamente apabullante.
No he mirado cuál era la renta per cápita de Dinamarca en 1986, pero imagino que no sería muy distinta de la de España hoy en día. Los daneses tardaron bastantes años y dudaron mucho a la hora de construir los grandes puentes que los unen hoy con Escandinavia y con el continente, ya que los costes eran enormes y las prioridades educativas y de bienestar estaban claras.
Hoy siguen siendo uno de los países más ricos del mundo, con mejores niveles educativos y con tasas de paro ridículamente bajas, a la vez que una de las sociedades más igualitarias.
Al otro extremo de Europa, en España, teníamos unas infraestructuras penosas que era necesario modernizar, pues suponían una de las razones de nuestro histórico atraso. Sin embargo, parece que no supimos o no quisimos parar. La airada reacción del presidente de Cantabria ante el anuncio de la suspensión del proyecto del AVE Palencia-Cantabria, advirtiendo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que los cántabros no tolerarán "la humillación" (sic) de ir a Madrid en alta velocidad pasando por Bilbao, muestra todavía hasta qué punto a este país se le han subido las infraestructuras a la cabeza en detrimento del gasto social o educativo.
Si España quiere tener algún futuro, debería revisar aún más profundamente sus prioridades de gasto y sus actitudes hacia la educación. De lo contrario, seguirá siendo ese país que un ex ministro de Exteriores alemán describió irónicamente como "un precioso país lleno de autopistas vacías". jitorreblanca@ecfr.eu
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Los países son como los ordenadores: necesitan tanto unas buenas infraestructuras (el hardware) como personas capacitadas para obtener el máximo rendimiento de ellas (el software). Como cualquier usuario de informática sabe, de nada sirve comprar el último ordenador disponible en el mercado si uno no reserva el suficiente dinero para adquirir los programas informáticos que lo harán funcionar. Pues igual que un ordenador sin programas no es más que una caja tonta, cabe preguntarse si un país que tenga el mayor número de kilómetros de vías de alta velocidad de Europa y, a la vez, más de cuatro millones y medio de parados y un gasto ridículo en innovación y desarrollo, es también una caja tonta.
En el año 2009, España no solo invirtió en infraestructuras el triple que Alemania (1,79% del PIB frente a 0,69%), sino que como hemos conocido por boca del propio Ministro de Fomento, esas inversiones se realizaban sin "el análisis de la previsión de la demanda para valorar la viabilidad económica de las obras o el estudio de las necesidades de mantenimiento".
Así que mientras que el Gobierno se gastaba una parte de los 17.200 millones anuales de presupuesto para infraestructuras en lindezas como una doble entrada de alta velocidad a Galicia o Cantabria, España seguía sin una red pública de educación infantil (0-3 años), contaba con una red de escuelas de Primaria que en su mayoría datan de los años sesenta, soportaba un fracaso escolar del 30% en la Educación Secundaria Obligatoria, disponía de una Formación Profesional víctima de un abandono histórico, no contaba con ninguna de sus 77 universidades entre las primeras 150 del mundo y se conformaba con unos servicios de empleo incapaces de gestionar de forma ágil y flexible el reciclaje formativo de los desempleos para orientarlos a nuevos empleos.
Haría falta un estudio en profundidad para ver cómo y por qué se han asignado las prioridades de gasto en este país, pero el resultado es claro: mucho hardware y poco software (y, por añadidura, poco gasto social).
Cuando en 1986 me matriculé en el último curso de Bachillerato en el instituto público de Hillerød, una pequeña población de unos 30.000 habitantes al norte de Copenhague, mi sorpresa fue mayúscula: en mi instituto danés, además de tener menos de 20 alumnos en clase, se impartían tres idiomas, había piscina cubierta, varios campos de fútbol, aula de teatro y clases de 10 o 12 instrumentos musicales.
Sin embargo, las carreteras danesas eran solo regulares, y sus trenes de cercanías, aunque puntuales, estaban viejos. Cruzar el país era una pesadilla, pues cada pocos kilómetros tenías que meter el coche en un transbordador para cruzar de una isla a otra. Eso sí, la asistencia dental era gratuita para todos los daneses, su sistema de becas fantástico y su red pública de residencias de ancianos sencillamente apabullante.
No he mirado cuál era la renta per cápita de Dinamarca en 1986, pero imagino que no sería muy distinta de la de España hoy en día. Los daneses tardaron bastantes años y dudaron mucho a la hora de construir los grandes puentes que los unen hoy con Escandinavia y con el continente, ya que los costes eran enormes y las prioridades educativas y de bienestar estaban claras.
Hoy siguen siendo uno de los países más ricos del mundo, con mejores niveles educativos y con tasas de paro ridículamente bajas, a la vez que una de las sociedades más igualitarias.
Al otro extremo de Europa, en España, teníamos unas infraestructuras penosas que era necesario modernizar, pues suponían una de las razones de nuestro histórico atraso. Sin embargo, parece que no supimos o no quisimos parar. La airada reacción del presidente de Cantabria ante el anuncio de la suspensión del proyecto del AVE Palencia-Cantabria, advirtiendo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de que los cántabros no tolerarán "la humillación" (sic) de ir a Madrid en alta velocidad pasando por Bilbao, muestra todavía hasta qué punto a este país se le han subido las infraestructuras a la cabeza en detrimento del gasto social o educativo.
Si España quiere tener algún futuro, debería revisar aún más profundamente sus prioridades de gasto y sus actitudes hacia la educación. De lo contrario, seguirá siendo ese país que un ex ministro de Exteriores alemán describió irónicamente como "un precioso país lleno de autopistas vacías". jitorreblanca@ecfr.eu
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